La amnistía general anunciada por las autoridades militares de Chad está en el centro de la noticia. Esta decisión suscita reacciones encontradas, en particular entre la oposición y las ONG, que acusan al gobierno de querer proteger a los responsables de una «masacre». Una mirada retrospectiva a los acontecimientos que llevaron a esta controvertida medida.
El 22 de octubre de 2022, estallaron manifestaciones en todo el país para protestar por la continuación del gobierno militar, que había extendido por dos años una transición de 18 meses inicialmente prevista para ceder el poder a los civiles mediante elecciones. Según las autoridades, unas cincuenta personas murieron durante estas manifestaciones, mientras que la oposición y las ONG cifran las cifras en mucho más alto, entre cien y trescientos muertos, en su mayoría jóvenes manifestantes asesinados a tiros por la policía.
En respuesta a esta ola de protestas, el gobierno anunció entonces que “también habían sido asesinados varios miembros de las fuerzas de seguridad”. Sin embargo, un año después, el gobierno sólo menciona a seis miembros de las fuerzas de seguridad fallecidos, entre ellos tres policías. A diferencia de los numerosos manifestantes encarcelados (más de 600 en total, según cifras oficiales), ningún agente de las fuerzas de seguridad ha sido acusado ni arrestado públicamente.
La situación empeoró con la detención de más de 600 jóvenes manifestantes, entre ellos 83 menores, que fueron encarcelados en condiciones inhumanas en la prisión de Koro Toro, en medio del desierto. Después de un mes y medio, más de 400 de ellos fueron condenados en un juicio masivo rápido y sin abogados.
Ante estos hechos se han multiplicado los llamados a una investigación internacional. Organizaciones de derechos humanos denuncian una falta de investigación seria sobre los responsables de la violencia y una cultura de impunidad. Amnistía Internacional también deploró, ya el 20 de octubre, la falta de una justicia justa para los manifestantes y la falta de investigaciones sobre los presuntos asesinatos.
En este tenso contexto, el gobierno de Chad está preparando un referéndum el 17 de diciembre para la adopción de una nueva constitución, allanando así el camino para las elecciones presidenciales y legislativas de 2024. Sin embargo, la mayoría de los partidos de la oposición ya han boicoteado este referéndum. proceso, expresando su desconfianza hacia el actual gobierno.
Por tanto, todavía quedan muchas preguntas sobre el futuro de Chad y la resolución de las tensiones políticas en el país. Los próximos meses serán decisivos para determinar si la amnistía general permitirá una auténtica reconciliación nacional o si será vista como un intento de sofocar las voces disidentes y garantizar la impunidad de los responsables de la violencia.