Kenia se enfrenta actualmente a un fallo judicial que cuestiona la legalidad de un impuesto sobre la nómina introducido por el presidente William Ruto en junio pasado. Esta medida, que pretende financiar un programa de viviendas de bajo coste, fue considerada ilegal por tres jueces del Tribunal Supremo de Nairobi. En particular, destacaron que este impuesto no estaba integrado en un marco legal integral y que discriminaba a los trabajadores informales.
Esta decisión constituye un importante revés para el gobierno keniano que buscaba reponer sus arcas gracias a este impuesto. De hecho, el país enfrenta una inflación galopante y una depreciación de su moneda, lo que ha aumentado el costo de pagar su deuda.
Este caso pone de relieve la creciente ira de la población keniana por el aumento de los precios, en particular de artículos de primera necesidad como alimentos y combustible. Durante el año pasado estallaron protestas, a veces violentas, contra el gobierno de William Ruto.
Esta decisión judicial refuerza las frustraciones de la población y también pone de relieve las deficiencias del gobierno en la gestión económica. De hecho, en lugar de imponer nuevos impuestos a los kenianos, podría ser más prudente implementar medidas destinadas a reducir la inflación y estabilizar la moneda.
En conclusión, esta decisión judicial que cuestiona la legalidad del impuesto sobre la nómina en Kenia es un duro golpe para el gobierno de William Ruto. Refleja las dificultades económicas que enfrenta el país y resalta las crecientes preocupaciones de la población ante el aumento de los precios. Ahora es esencial que el gobierno encuentre soluciones duraderas para recuperar la economía y abordar las preocupaciones de los kenianos.