En Marruecos se debate periódicamente la espinosa cuestión de la gestión de los cargos electos condenados o perseguidos por los tribunales. Actualmente, una veintena de diputados se encuentran en esta situación, que está provocando una ola de escándalo entre parte de la oposición política. Sin embargo, la mayoría sostiene que sólo una decisión judicial definitiva puede dar lugar a la destitución de un funcionario electo.
El problema radica en el hecho de que, a pesar de los procesamientos o las condenas, estos funcionarios electos conservan su estatus, así como todos los beneficios asociados a él, en particular su salario. Los cargos contra estos diputados varían, desde malversación de fondos públicos hasta actos de malversación de fondos. El problema es que el Parlamento no tiene competencia para destituir a un funcionario electo hasta que se haya dictado una decisión judicial definitiva, lo que puede tardar varios años en caso de recurso ante los tribunales de casación.
Algunos miembros de la oposición, como Nabila Mounib, del Partido Socialista Unido, están indignados por esta situación y piden un cambio radical en la política del Parlamento hacia estos diputados. Por su parte, Hicham Ait Manna, diputado de la mayoría, reconoce que hubo errores en la gestión de los electos condenados y asegura que el Tribunal Constitucional resolverá el problema en los próximos meses.
Mientras tanto, sólo los partidos políticos tienen el poder de tomar medidas contra sus propios representantes electos. En particular, pueden excluir a estos representantes electos de su grupo parlamentario, lo que conlleva la eliminación de su tiempo de palabra. Sin embargo, esta disposición no se aplica sistemáticamente.
Este caso pone de relieve la necesidad de una reflexión profunda sobre el papel de los funcionarios electos condenados o procesados por los tribunales y sobre las medidas que deben tomarse para garantizar una mejor gobernanza dentro de las instituciones políticas. De hecho, es esencial garantizar la probidad y la integridad de los representantes del pueblo, a fin de preservar la confianza de los ciudadanos en sus representantes electos y en el sistema democrático en su conjunto.
Es de esperar que se encuentren soluciones concretas para abordar este problema y evitar que los cargos electos condenados o perseguidos por los tribunales sigan ejerciendo sus funciones sin preocuparse. Sin esto, la credibilidad del sistema político corre el riesgo de verse afectada y el desencanto de los ciudadanos con la clase política no hará más que crecer. Por lo tanto, es hora de actuar e implementar reformas para garantizar una mejor justicia y una mayor rendición de cuentas para nuestros funcionarios electos.