En Argentina, los jueces suspendieron el miércoles los cambios a la legislación laboral que son parte de un «megadecreto» de reformas económicas y desregulación anunciado por el nuevo presidente libertario del país, Javier Milei.
Estos cambios, que técnicamente entraron en vigor el viernes pasado, fueron impugnados por el sindicato CGT, que cree que reducen protecciones fundamentales de los trabajadores, como el derecho de huelga y la licencia parental.
Los tres jueces de la Cámara de Apelaciones del Trabajo de Argentina congelaron algunos elementos del decreto de Milei, que prevé, en particular, un aumento del período de prueba de tres a ocho meses, una reducción de la indemnización en caso de despido y una reducción de la licencia de maternidad.
El juez Alejandro Sudera cuestionó la «necesidad» y «urgencia» del decreto firmado por Milei el 20 de diciembre, pocos días después de asumir su cargo, y suspendió las medidas hasta que pudieran ser debidamente examinadas por el Congreso.
Algunas de las medidas parecen ser de naturaleza «represiva o punitiva» y no está claro cómo su aplicación podría ayudar al objetivo de Milei de «crear empleos reales», añadió Sudera en una decisión divulgada a los medios.
El procurador general Rodolfo Barra dijo a la AFP que el gobierno apelará la decisión del miércoles.
Miles de personas salieron a las calles la semana pasada para protestar contra las reformas del autoproclamado presidente «anarcocapitalista» Milei, quien ganó las elecciones en noviembre prometiendo recortes en el gasto público mientras Argentina enfrenta una crisis económica, incluida una inflación de tres dígitos.
La CGT ha convocado una huelga general el 24 de enero.
Las medidas provocaron un animado debate entre los juristas sobre su constitucionalidad y fueron objeto de varios desafíos legales.
Cuando anunció su megadecreto, Milei dijo que el objetivo era «comenzar a reconstruir el país… y comenzar a desmantelar la gran cantidad de regulaciones que han frenado e impedido el crecimiento económico».
El decreto cambió o eliminó más de 350 regulaciones económicas en un país acostumbrado a una fuerte intervención gubernamental en el mercado.
Suprime una ley que regula los alquileres, prevé la privatización de empresas públicas y rescinde alrededor de 7.000 contratos de servicios públicos.
La tercera economía más grande de América Latina está al borde del colapso después de décadas de deuda y mala gestión financiera, con una inflación que supera el 160% anual y el 40% de los argentinos viven en la pobreza.
Milei se comprometió a frenar la inflación, pero advirtió que el ‘tratamiento de shock’ económico es la única solución y que la situación empeorará antes de mejorar.
El presidente de 53 años obtuvo una victoria electoral aplastante en medio de la ira por las crisis económicas del país que han durado décadas, marcadas por la deuda, la frenética creación de dinero, la inflación y los déficits fiscales.
Milei apunta a recortes de gastos equivalentes al cinco por ciento del producto interno bruto.
Poco después de asumir el cargo, su administración devaluó el peso argentino en más del 50 por ciento y anunció profundos recortes a los generosos subsidios estatales para el combustible y el transporte.
Milei también anunció el cese de todos los nuevos proyectos de construcción pública y una suspensión de un año de la publicidad gubernamental.
Los argentinos siguen atormentados por una hiperinflación de hasta 3.000 por ciento en 1989-1990 y el dramático colapso económico de 2001.
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