Se ha producido un momento histórico en Ghana cuando el Parlamento aprobó recientemente el muy controvertido proyecto de ley Anti-LGBTQ+. Después de aproximadamente tres años de deliberaciones, el proyecto de ley finalmente fue aprobado, lo que tuvo graves consecuencias para la comunidad LGBTQ+ del país.
Esta nueva ley prevé una pena de prisión de hasta tres años para cualquier persona declarada culpable de identificarse como LGBTQ+. Además, cualquier persona involucrada en la formación o financiación de grupos LGBTQ+ podría enfrentarse a una pena máxima de prisión de cinco años.
La decisión del Parlamento de votar a favor del proyecto de ley es indicativa de la creciente oposición a los derechos LGBTQ+ en la conservadora nación de África Occidental. A pesar de los intentos de proponer enmiendas, el presidente del Parlamento rechazó las enmiendas durante la sesión.
Esta iniciativa provocó fuertes reacciones, en particular por parte de Amnistía Internacional, que advirtió sobre las importantes amenazas que esta ley supone para los derechos y libertades fundamentales de las personas LGBTQ+. Los activistas temen que esto pueda desencadenar una caza de brujas contra miembros de la comunidad LGBTQ+ y quienes defienden sus derechos, lo que obligaría a algunos a esconderse.
El proyecto de ley también prevé una pena de prisión de hasta 10 años para cualquier persona involucrada en campañas de concientización LGBTQ+ dirigidas a niños. Además, alienta al público a denunciar a los miembros de la comunidad LGBTQ+ ante las autoridades para que tomen las «medidas necesarias».
Este avance legislativo plantea cuestiones clave sobre los derechos humanos y la protección de las minorías en Ghana. La comunidad internacional sigue de cerca esta situación y se han alzado voces para condenar esta controvertida ley que pone en duda la igualdad y libertad de las personas LGBTQ+ en el país.