En el mundo del trabajo, es fundamental que los inspectores y controladores del trabajo puedan ejercer sus funciones legalmente y respetando los procedimientos establecidos. Recientemente, alrededor de dos mil de estos profesionales fueron nombrados tras un riguroso concurso celebrado en 2023. Sin embargo, surge un problema: la prestación de juramento, paso crucial antes de asumir el cargo, se ha convertido en motivo de debate debido a los honorarios cobrados.
Algunos inspectores y controladores del trabajo han alertado a las autoridades judiciales sobre el hecho de que se les cobra por prestar juramento cantidades que oscilan entre 60 y 100 dólares, práctica que contraviene el artículo 194 del Código del Trabajo. Estos profesionales, como funcionarios judiciales, enfatizan que deberían poder prestar juramento sin tener que soportar tales cargas financieras.
A pesar de estos obstáculos, algunos logran pagar estos honorarios para poder prestar juramento y asumir su cargo. Sin embargo, otros consideran ilegal esta exigencia y denuncian una posible forma de chantaje. Los secretarios, por su parte, explican que estos costes pueden estar relacionados con limitaciones presupuestarias en los registros, pero esto no cambia el carácter problemático de esta situación para los inspectores del trabajo.
Esta situación plantea importantes interrogantes sobre el acceso a la justicia y el pleno reconocimiento de los profesionales que desempeñan funciones esenciales para defender los derechos de los trabajadores. Es necesario que se encuentren soluciones para garantizar que la toma de posesión de los inspectores y controladores del trabajo se realice de manera justa y equitativa, de conformidad con los principios fundamentales de la justicia.