En un escándalo reciente que sacudió al Senado nigeriano, el senador Abdul Ningi fue suspendido después de revelar que se incluyeron proyectos ficticios en el presupuesto de 2024, insinuando una posible malversación de fondos. El caso sacó a la luz acusaciones de que algunos senadores recibieron 500 millones de naira para proyectos electorales.
Aunque la Comisión de Movilización, Asignación e Impuestos de Ingresos (RMAFC) determina los salarios y prestaciones de todos los empleados públicos en Nigeria, los senadores tienen acceso a otros beneficios, incluidos fondos electorales, que no están cubiertos oficialmente por la agencia.
Los senadores han argumentado en el pasado que no tienen acceso directo a estos fondos, sino que los utilizan para adjudicar contratos para proyectos en sus distritos. Sin embargo, este proceso ha sido calificado repetidamente de fraudulento.
Por ejemplo, el senador Ali Ndume admitió la semana pasada que 10 líderes de la Cámara, incluido él mismo, recibieron más de los 200 millones de naira habituales asignados a cada senador para proyectos de circunscripción, pero sin especificar la cantidad exacta. El senador Ned Nwoko también admitió en una entrevista el 16 de marzo de 2024 que recibió casi mil millones de naira para proyectos electorales porque citó su “peso y contactos”.
Los senadores nigerianos están considerados entre los legisladores mejor pagados del mundo, pero esto sólo es posible si se tienen en cuenta todos los beneficios a los que tienen acceso, que son secretos para el público y están fuera de la supervisión de la RMAFC.
Además de sus salarios oficiales que conocemos, los senadores se benefician de otros beneficios como alojamiento, gastos de mudanza, viáticos, bonos de distancia y vacaciones, bono de salida, así como la posibilidad de tomar préstamos para vehículos.
Este escándalo pone de relieve la necesidad de una mayor transparencia y una mejor gobernanza para evitar cualquier abuso de fondos públicos. Estas revelaciones resaltan la importancia de un control más estricto de las finanzas y los beneficios otorgados a los representantes del pueblo para garantizar el uso adecuado de los recursos y fortalecer la confianza pública en el sistema político.