La reciente decisión de Oregón de revertir la despenalización de las drogas duras ha generado un intenso debate sobre las políticas de drogas en Estados Unidos. En un intento por hacer frente a la crisis de salud pública provocada por el fentanilo y otras sustancias mortales, la gobernadora demócrata Tina Kotek promulgó una nueva ley que volverá a penalizar la posesión de drogas como el fentanilo, la heroína, la cocaína o el éxtasis a partir de septiembre.
Esta medida marca un cambio significativo en la política adoptada hace tres años, cuando Oregón decidió tratar a los consumidores de drogas duras como enfermos en lugar de criminales, siguiendo el modelo portugués de despenalización. Sin embargo, la implementación de esta política demostró tener limitaciones, especialmente ante el aumento alarmante de sobredosis mortales relacionadas con el fentanilo en el estado.
Los críticos de la despenalización han señalado su ineficacia y las consecuencias negativas para la salud pública, mientras que los profesionales de la salud han destacado las dificultades para proporcionar los servicios necesarios a los usuarios. A pesar de la crítica recibida por esta reversión de la política, la nueva ley de Oregón busca promover alternativas al procesamiento penal cuando sea posible y fortalecer la colaboración entre las fuerzas del orden y los servicios de salud.
La decisión de Oregón plantea interrogantes complejas sobre cuál es la mejor manera de abordar el consumo de drogas ilegales. Mientras el debate continúa en Estados Unidos y más allá, el estado deberá encontrar un equilibrio entre la represión y la prevención para hacer frente eficazmente a los problemas de salud pública vinculados al consumo de drogas duras.
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