En las últimas semanas, se ha desatado un juego del escondite entre la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) y el exgobernador de un estado no mencionado. A pesar de un intento frustrado de arrestar al exgobernador en su residencia en Abuja, la EFCC enfrentó obstáculos que le impidieron llevar a cabo la detención.
Se ha informado que el exgobernador se refugió en la Casa de Gobierno del Estado de Kogi, aprovechando la inmunidad que posee el actual gobernador según el artículo 308 de la Constitución de 1999.
La EFCC está buscando procesar al exgobernador por malversación de fondos durante su mandato. A pesar de que se programó una comparecencia ante el tribunal para el jueves, el exgobernador no se presentó, lo que provocó el aplazamiento del proceso.
Durante la audiencia, el asesor de la EFCC, Sr. Kemi Pinheiro, expresó al tribunal la determinación de la comisión de garantizar que el exgobernador sea llevado ante la justicia, incluso sugiriendo la posibilidad de recurrir a una intervención militar para detenerlo.
Según informes de Leadership, Pinheiro afirmó: «Quizás tengamos que pedir al ejército que saque a Yahaya Bello de su escondite. Quizás tengamos que solicitar al ejército que lo obligue a rendirse, ya que la inmunidad no le protege cuando se oculta».
Este caso plantea interrogantes sobre la aplicación de la ley y la rendición de cuentas de los líderes políticos. La impunidad no debe ser tolerada y todos, sin importar su estatus, deben responder por sus acciones ante la justicia. El caso del exgobernador destaca la importancia de respetar los principios democráticos y el Estado de derecho, incluso en situaciones complejas.
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