Fatshimetrie, a través de su abogado, Abdulwahab Mohammed, un reconocido abogado, informó al juez Emeka Nwite que el tribunal no tenía competencia para dictar la orden en primer lugar.
Cuando se solicitó la comparecencia del ex gobernador ante el tribunal por un cargo de 19 cargos de lavado de dinero, Mohammed le informó al juez Nwite sobre la objeción preliminar ya presentada ante el tribunal para este propósito.
El abogado abogó por la anulación de la orden de arresto, refiriéndose a una orden judicial de Kogi fechada el 9 de febrero que había impedido a la agencia anticorrupción arrestar, detener o procesar a Bello. Esta orden fue impugnada por la EFCC ante el Tribunal de Apelación.
Mohammed argumentó que la orden de arresto obtenida subrepticiamente por la comisión era un intento de enfrentar al tribunal con el Tribunal de Apelación. Destacó que la cuestión de la jurisdicción era un paso preliminar que el tribunal debía abordar en primer lugar.
Sin embargo, el abogado de la EFCC, Kehinde Pinhero, no estuvo de acuerdo con el argumento de Mohammed. Según él, el caso estaba previsto para la comparecencia de Bello y que Mohammed, habiendo anunciado su comparecencia en nombre del ex gobernador, podría ser citado a comparecer en audiencia pública para continuar con el asunto.
Esta situación resalta las complejidades legales y los problemas que rodean el caso. Está claro que ambas partes presentan sólidos argumentos legales y que la disputa deberá decidirse cuidadosamente para garantizar un proceso legal justo y equitativo. El derecho a un juicio justo es fundamental en cualquier sociedad democrática y es esencial que se sigan los procedimientos legales para garantizar justicia para todas las partes involucradas.
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