Crisis humanitaria en la prisión central de Kenge: el llamado a la acción de Me Adelar Nkisi

La prisión central de Kenge, en la provincia de Kwango, en la República Democrática del Congo, se encuentra en una situación crítica y enfrenta una grave crisis humanitaria. Desde hace cuatro meses, el establecimiento no recibe subsidios, dejando a los reclusos abandonados a su suerte y viviendo en condiciones deplorables. A pesar de algunas ayudas esporádicas de instituciones religiosas, la situación sigue siendo alarmante, según lo destacó Me Adelar Nkisi, ministra provincial de Derechos Humanos.

Actualmente, la prisión de Kenge, con capacidad para 50 reclusos, alberga a 280 entre hombres, mujeres y niños, lo que ha resultado en una falta crucial de alimentos y una carencia de infraestructura adecuada para garantizar el respeto de los derechos humanos y el trato digno a los presos.

Ante esta crítica situación, Adelar Nkisi ha instado a tomar medidas urgentes para aliviar la sobrepoblación en la prisión central de Kenge. Propone la rehabilitación de la prisión central de Feshie como una posible solución para descongestionar el principal establecimiento, lo que mejoraría significativamente las condiciones de vida de los presos.

Es necesario que las autoridades competentes de Kwango, especialmente el Ministerio de Justicia, reconozcan la urgencia de la situación y ajusten la política penitenciaria de la provincia para garantizar el respeto de los derechos fundamentales de los reclusos. La rehabilitación de la prisión de Feshie no solo sería una medida a corto plazo, sino una inversión en el respeto a la dignidad humana y la reintegración de los presos en la sociedad.

En resumen, la Prisión Central de Kenge se enfrenta a una grave crisis humanitaria que pone en peligro la vida y la dignidad de los reclusos. Es crucial que se tomen acciones concretas de manera inmediata para aliviar la sobrepoblación y garantizar condiciones de detención que cumplan con los estándares internacionales de derechos humanos. El respeto a la dignidad de cada individuo, incluso en custodia, es un imperativo moral y una responsabilidad colectiva.

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