En la República Democrática del Congo, el levantamiento de la moratoria sobre la pena de muerte sigue provocando fuertes reacciones entre la población congoleña. Esta controvertida decisión del gobierno despierta la preocupación de muchos actores políticos y sociales, que la ven como una amenaza para los combatientes de la resistencia y los opositores políticos.
Martin Fayulu, ex candidato a las elecciones presidenciales de 2023, expresó recientemente su preocupación por las consecuencias de esta medida. Según él, el levantamiento de la moratoria expone aún más a los opositores políticos a ajustes de cuentas y fortalece la dictadura vigente. Esta decisión se considera un intento del régimen vigente de amordazar todas las formas de oposición y disidencia.
Por su parte, el cardenal Fridolin Ambongo también denunció esta decisión, subrayando que los verdaderos “traidores” se encuentran entre los dirigentes que no respetan los principios democráticos ni los derechos humanos. Para él, la pena de muerte no debería utilizarse como herramienta de represión política.
A partir de ahora, en la República Democrática del Congo la pena de muerte podrá aplicarse en casos específicos como traición, espionaje, participación en movimientos armados, crímenes contra la humanidad o incluso actos de rebelión. Esta decisión plantea dudas sobre el respeto de los principios democráticos y los derechos humanos en el país.
Ante estas reacciones y preocupaciones, es fundamental que la comunidad internacional permanezca vigilante y siga defendiendo los valores democráticos y los derechos humanos en la República Democrática del Congo. La población congoleña debe seguir movilizada para garantizar el respeto de las libertades fundamentales y la protección de los opositores políticos contra cualquier forma de represión.