La República Democrática del Congo (RDC) vuelve a estar incluida en el ranking mundial de libertad de prensa elaborado por Reporteros sin Fronteras (RSF) para el año 2024. Con una posición estancada en el puesto 123, la situación de los medios y periodistas en el país sigue siendo una inquietud.
El informe de RSF destaca la presión y las represalias que enfrentan algunos periodistas, particularmente en el este del país, donde se dificulta la cobertura de conflictos y temas delicados como la corrupción o los contratos mineros. La autocensura es común entre los profesionales de los medios, quienes a veces enfrentan amenazas basadas en su origen étnico o comunitario.
La seguridad de los periodistas también es motivo de preocupación, con casos de detenciones, ataques, amenazas e incluso desapariciones forzadas. Los actores políticos no quedan al margen, ya que también pueden ejercer presión sobre los medios y periodistas para influir en la línea editorial. A pesar del alto el fuego en Kivu del Norte, las tensiones persisten y los profesionales de los medios de comunicación siguen expuestos a riesgos.
La ONG Periodistas en Peligro (JED) denuncia la parcialidad del Consejo Superior del Audiovisual y de la Comunicación (CSAC) en su reciente decisión de prohibir cualquier mención a las fuerzas rebeldes en los medios de comunicación. La libertad de prensa se pone así a prueba, con ataques a la libertad de expresión y obstáculos al ejercicio del periodismo.
Con motivo del Día Internacional de la Libertad de Prensa, el presidente Félix Tshisekedi subrayó la importancia de este pilar democrático. Expresó su solidaridad con los periodistas que enfrentan desafíos diarios para informar a la población a pesar de las presiones y amenazas. La libertad de prensa sigue siendo una cuestión importante para la consolidación de la democracia en la República Democrática del Congo y debe ser protegida y defendida.
En conclusión, la lucha por la libertad de prensa en la República Democrática del Congo sigue siendo una batalla cotidiana que requiere el compromiso de las autoridades, los actores políticos, los medios de comunicación y la sociedad civil. Es fundamental garantizar un entorno seguro y propicio para el ejercicio del periodismo, a fin de permitir a los medios ejercer su papel de contrapoder y garante de la transparencia y la democracia.