LUBUMBASHI, República Democrática del Congo — El 13 de octubre de 2023 seguirá siendo una fecha oscura para la región de Lubumbashi, en la República Democrática del Congo. En la carretera nacional 39, cerca del puente que cruza el río Dikulwe, se desarrolló un espectáculo alarmante. A un lado de la carretera había restos de un accidente que atestiguaban un incidente cuyas consecuencias no eran nada triviales. El agente de policía presente en el lugar indicó claramente a los automovilistas que redujeran la velocidad, indicando así un peligro acuciante.
El suelo estaba cubierto de azufre, un ácido utilizado en la industria minera para extraer cobalto y cobre. Este producto tóxico, esencial para la economía de la región, se había vertido en el río Dikulwe, contaminando no sólo sus aguas, sino también amenazando la salud de los residentes que dependían de él para su suministro de agua potable. A pesar de los intentos iniciales de limpieza, el azufre persistió, lo que provocó una creciente preocupación entre la población local.
Sin embargo, las autoridades parecieron restar importancia a la gravedad de la situación. Jacques Mumba, jefe del departamento medioambiental de Fungurume, había asegurado que el río se descontaminaría en menos de 30 minutos, una afirmación que resultó estar lejos de la realidad. Los esfuerzos de limpieza continuaron durante varios días, sin poder eliminar por completo los rastros de esta devastadora contaminación.
Lamentablemente, este triste acontecimiento no fue un caso aislado en la República Democrática del Congo. En un país donde la industria minera reina, muchas empresas continuaron violando las normas ambientales, disfrutando a menudo de una impunidad generalizada. Las poblaciones locales sufrieron las consecuencias de estas prácticas irresponsables, viendo directamente amenazados su salud y su medio ambiente.
El pueblo de Kabombwa, situado a pocos kilómetros de Fungurume, tuvo que afrontar tragedias similares. La contaminación del río por el agua ácida de una fábrica de cal provocó la muerte de varios habitantes y obligó a otros a abandonar su pueblo natal, dejando atrás tierras ahora áridas y cursos de agua envenenados.
A pesar de las normas vigentes, no se han llevado a cabo consultas obligatorias con las poblaciones afectadas, lo que ha dejado a los habitantes de Kabombwa indefensos frente a empresas sin escrúpulos. Los desgarradores testimonios de los supervivientes hablaban de enfermedades graves, nacimientos prematuros y anomalías congénitas, frutos amargos de una minería sin límites.
Ante estas tragedias recurrentes, era urgente que se tomaran medidas concretas para proteger el medio ambiente y la salud de la población congoleña. Las empresas mineras deben rendir cuentas por sus acciones y obligarse a cumplir con los más altos estándares de protección ambiental.. Estaba en juego la supervivencia de las comunidades locales, víctimas silenciosas de un desarrollo económico devastador.