Revocación de la Ley de Pensiones en Makurdi, Nigeria 2023
Noticias recientes de Makurdi, Nigeria, revelan un importante cambio político con respecto a la ley de pensiones aprobada en 2023 bajo la administración del exgobernador Samuel Ortom. Esta ley, que inicialmente fue aprobada y aprobada, ahora ha sido cancelada tras una propuesta presentada por Douglas Akya, presidente del Comité Permanente de Nombramientos, Servicios Públicos y Asuntos de Pensiones de la Cámara, en representación del distrito electoral de Makurdi Sur.
Akya justificó la revocación diciendo que la ley no servía a los mejores intereses del Estado, particularmente debido a sus limitados recursos financieros necesarios para prioridades más urgentes. La medida provocó un acalorado debate entre los legisladores, y algunos señalaron que no es prudente gastar fondos importantes en exgobernadores y sus adjuntos mientras el estado enfrenta importantes necesidades de infraestructura y obligaciones de deuda considerables.
Los diputados Samuel Agada y Alfred Emberga también expresaron reservas sobre la viabilidad financiera de una ley de este tipo en un contexto económico difícil.
La presentación de este proyecto de ley destaca las prioridades cambiantes de los sucesivos gobiernos y destaca la necesidad de reevaluar periódicamente las políticas existentes para garantizar que coincidan con las necesidades y los medios del Estado.
Junto con la medida, los legisladores también aprobaron otra ley que prohíbe el acoso y la extorsión de dinero a inversores, promotores y empresarios, comúnmente conocida como «terreno de marcha». Esta medida tiene como objetivo fortalecer la confianza de los actores económicos locales e internacionales y crear un entorno más favorable para las inversiones y el crecimiento económico.
En conclusión, la revocación de la Ley de Pensiones en Makurdi resalta la importancia de una gobernanza responsable y de tener en cuenta los intereses de toda la población en el desarrollo de las políticas públicas. Esta decisión, aunque controvertida, refleja una preocupación por racionalizar los recursos y orientar las prioridades hacia objetivos esenciales para el desarrollo sostenible del Estado.