La Inspección General de Finanzas (IGF) llevó a cabo recientemente una amplia operación de patrullaje financiero en más de 40 empresas públicas, con el objetivo de preservar las arcas del Estado. Esta iniciativa ahorró nada menos que 1.500 millones de dólares en gastos innecesarios. Un enfoque elogiado por su eficacia y rigor, pero que también plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de las prácticas y la transparencia dentro de las instituciones gubernamentales.
Los inspectores del IGF llevaron a cabo un trabajo meticuloso para validar cada transacción de salida de efectivo de las empresas afectadas. Su misión era garantizar la transparencia de los gastos y verificar el cumplimiento de los procedimientos de contratación. Estas acciones permitieron identificar ahorros significativos y limitar el desperdicio de recursos financieros.
Sin embargo, a pesar de los resultados positivos obtenidos, algunas voces se alzan para cuestionar la eficacia real de estos controles. Valéry Madianga, director general del CREFDL, subraya que las prácticas criticadas en el seno de las empresas públicas continúan a pesar de la intervención del IGF. Según él, sería necesario implicar al Tribunal de Cuentas para reforzar la credibilidad de las auditorías y combatir eficazmente los abusos financieros.
Con miras a la mejora continua, el IGF anunció el establecimiento de una misión para evaluar las recomendaciones formuladas a los gestores públicos. Esta etapa, prevista para principios de 2025, permitirá medir el impacto de las medidas adoptadas e identificar las áreas de mejora necesarias. Al mismo tiempo, el IGF planea fortalecer el seguimiento de las operaciones financieras de las empresas públicas trabajando estrechamente con los bancos comerciales.
En última instancia, la iniciativa del IGF de realizar patrullas financieras en las empresas públicas representa un primer paso importante hacia una mejor gestión de los recursos públicos. Sin embargo, es fundamental continuar los esfuerzos y establecer mecanismos de control eficaces para garantizar la transparencia y la integridad de las operaciones financieras. La colaboración con otros órganos como el Tribunal de Cuentas también podría fortalecer la credibilidad de las auditorías y ayudar a establecer una cultura de rendición de cuentas y buena gobernanza dentro de las instituciones públicas.