Cuando abordamos la cuestión de la creación del orden nacional de profesionales de recursos humanos, proyecto de ley presentado por el diputado nacional Willy Mishiki, es necesario cuestionar el impacto potencial de esta medida en el sector empleo en la República Democrática del Congo. Esta iniciativa tiene como objetivo mejorar la gestión de los recursos humanos y proteger la fuerza laboral nacional, en un contexto donde el empleo es uno de los sectores prioritarios del país.
La observación hecha por el diputado Mishiki es clara: el sector del empleo en la República Democrática del Congo está mal administrado y sufre de prácticas nocivas, particularmente en lo que respecta a la contratación laboral. De hecho, ciertos actores económicos extranjeros no respetan las regulaciones laborales, favoreciendo el empleo de trabajadores extranjeros no calificados en detrimento de los nacionales. Esta situación perjudica el desarrollo profesional de los congoleños y obstaculiza el desarrollo del país.
El proyecto de ley que crea el orden nacional de profesionales de recursos humanos pretende así remediar estas disfunciones. Al exigir una cualificación previa para ejercer en el ámbito de la gestión de recursos humanos, esta medida ayudará a profesionalizar el sector y garantizar prácticas leales. Al crear una estructura oficial responsable de regular y supervisar las actividades de los profesionales de recursos humanos, se espera que los abusos estén mejor regulados y que se preserven mejor los intereses de los trabajadores nacionales.
Está claro que la creación del orden nacional de profesionales de recursos humanos representa un importante paso adelante en la lucha contra el trabajo no regulado y la explotación de los trabajadores en la República Democrática del Congo. Al garantizar la cualificación de los actores del sector y promover prácticas éticas que respeten la legislación laboral, esta propuesta de ley podría contribuir a establecer un entorno profesional más justo y responsable.
Queda por esperar que esta iniciativa sea apoyada e implementada con éxito durante la próxima sesión parlamentaria en septiembre de 2024. Esta es una oportunidad invaluable para fortalecer la protección de los trabajadores nacionales y fomentar un desarrollo económico más inclusivo y sostenible en la República Democrática de. Congo.