Las personas con discapacidad expresaron una vez más su descontento frente al Palacio del Pueblo, sede del Parlamento congoleño, el lunes 3 de junio de 2024. Su manifestación tenía como objetivo protestar contra el mantenimiento de Irène Esambo en el gobierno de Judith Suminwa. De hecho, estas personas encuentran dificultades considerables en su vida social y profesional, a pesar de la existencia de un ministerio dedicado a ellas desde la llegada de Félix Tshisekedi a la presidencia.
Los manifestantes lamentan el incumplimiento de las leyes vigentes que deberían mejorar su vida cotidiana. Exigen una mejor aplicación de las medidas ya establecidas y solicitan la participación de la Asamblea Nacional en una mesa redonda destinada a implementar estas disposiciones y mejorar sus condiciones de vida.
Frente a estas demandas legítimas, Vital Kamerhe, presidente de la Asamblea Nacional, se compromete a apoyar a las personas que viven con discapacidad. Se comprometió a transmitir sus reclamos y abogar por la implementación de la Ley Orgánica N° 22/003, de 3 de mayo de 2022, que prevé una mejor protección y promoción de sus derechos.
La República Democrática del Congo, con una gran población de personas discapacitadas, adoptó esta ley para satisfacer las necesidades específicas de esta categoría de ciudadanos. Sin embargo, su aplicación efectiva sigue siendo un desafío y requiere una movilización colectiva para garantizar el respeto de los derechos fundamentales de todos.
En este contexto, el compromiso político del presidente Félix Tshisekedi a favor de las personas que viven con discapacidad es crucial. Es imperativo finalizar los marcos orgánicos y funcionales necesarios para asegurar la plena implementación de esta ley y lograr la protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad.
En conclusión, la sociedad congoleña debe tomar conciencia de la importancia de la inclusión y la equidad para todos sus miembros, incluidas las personas que viven con discapacidad. Es fundamental poner en marcha acciones concretas y duraderas para garantizar su plena integración social y profesional, y asegurar que sus derechos sean respetados y promovidos.