En el corazón de la megaciudad de Johannesburgo, Sudáfrica, una verdadera tragedia sacudió a la comunidad local el año pasado. Un devastador incendio arrasó un edificio en ruinas en el centro de la ciudad, cobrándose la vida de 76 personas e hiriendo gravemente a otras 86. Trágicamente, entre las víctimas se encontraban 12 niños, algunos de los cuales tuvieron que recurrir a saltar por las ventanas para escapar de las llamas devoradoras.
Esta catástrofe que marcó la memoria colectiva de los sudafricanos reveló una situación preocupante: las autoridades de la ciudad eran conscientes desde hacía al menos cuatro años de los importantes problemas de seguridad que afectaban a este edificio en ruinas. El informe publicado recientemente por la jueza jubilada Sisi Khampepe destaca la responsabilidad de la ciudad de Johannesburgo, propietaria del edificio, a la que acusa de haber mostrado un «desprecio total» hacia el Estado.
El descubrimiento posterior al incendio reveló que cientos de personas vivían ilegalmente en el edificio, algunas de las cuales habían instalado refugios improvisados en los pasillos, los baños e incluso en el sótano destinado a estacionamiento. Los servicios de emergencia descubrieron que en el momento del incendio se habían retirado los extintores de las paredes y que la salida principal de emergencia estaba cerrada con llave.
A esto se sumó un montón de basura en el interior del edificio, combinado con los refugios de madera de bricolaje, que transformaron el fuego en una trampa mortal para sus ocupantes. El juez Khampepe señaló que durante una redada anterior en 2019, las autoridades ya habían notado las deplorables condiciones de vida que contribuyeron a la tragedia.
Recomienda medidas disciplinarias contra el director general de la Johannesburg Property Company, organismo responsable de los edificios de la ciudad, y propone la demolición del edificio en cuestión, con la colocación de una placa conmemorativa en homenaje a las víctimas.
Más allá de esta terrible tragedia, el incendio puso de relieve la decrepitud de ciertas zonas de Johannesburgo, donde muchos edificios están «hackeados» por propietarios ilegales, que explotan la pobreza alquilando espacios superpoblados y descuidando las normas básicas de seguridad.
Este desastre revela las profundas fallas del sistema y la angustia de los habitantes de estos lugares abandonados. Mientras las autoridades se esfuerzan por arrojar luz sobre las causas de esta tragedia, la sociedad sudafricana se enfrenta a la dolorosa realidad de las desigualdades sociales y la vulnerabilidad de muchos de sus conciudadanos.
El incendio del edificio en Johannesburgo será recordado como un grito de alarma, que exige conciencia colectiva y acciones concretas para evitar que acontecimientos tan trágicos vuelvan a ocurrir en el futuro.