A principios de 2024, un nuevo asunto financiero sacude la ciudad de Kinshasa, en la República Democrática del Congo. El ex gobernador saliente, Gentiny Ngobila Mbaka, se encuentra en una situación delicada después de que el Banco Central del Congo le negara un préstamo. De hecho, Kabedi Malangu, gobernador del BCC, tomó la decisión de prohibir cualquier forma de préstamo a Ngobila, colocándolo así en una situación financiera difícil.
Para superar sus problemas de liquidez, Ngobila tuvo entonces la idea de recurrir a la Sociedad Financiera y de Desarrollo (Sofide) para solicitar un préstamo de unos 19.000 millones de francos congoleños, es decir, casi 7 millones de dólares estadounidenses. Esta cantidad debería utilizarse para cubrir las compensaciones de salida y los salarios atrasados de su gabinete, así como del ejecutivo provincial de Kinshasa, durante los meses de febrero, marzo y abril.
Sin embargo, esta solicitud de préstamo ha suscitado interrogantes y críticas. Por un lado, se subraya que este préstamo sería reembolsado por el sucesor de Ngobila, Daniel Bumba, que no fue consultado ni informado de esta decisión. Por otro lado, el hecho de que Ngobila haya elegido a Sofide, pensando en eludir la prohibición del BCC, plantea dudas sobre la transparencia y la legalidad de este enfoque.
Al mismo tiempo, hemos sabido que la situación financiera de la ciudad de Kinshasa es alarmante, con deudas que ascienden a decenas de millones de dólares. Ngobila se encuentra así en un callejón sin salida, ya que no puede obtener préstamos de los bancos comerciales, porque estos últimos han recibido recomendaciones del BCC de no concederle créditos.
La gobernadora Kabedi Malangu ha manifestado claramente su oposición a cualquier forma de financiación del ex gobernador y de la ciudad de Kinshasa, poniendo así de relieve los problemas de gestión y de transparencia en el seno de la administración.
En conclusión, este caso destaca los desafíos financieros que enfrenta la ciudad de Kinshasa y subraya la importancia de la transparencia y la buena gobernanza en la gestión de las finanzas públicas. Es fundamental que las autoridades vigentes actúen con responsabilidad y de acuerdo con las leyes y normas vigentes para asegurar el desarrollo sostenible y equitativo de la ciudad y sus habitantes.