La alarmante situación en el Tribunal de Paz de Mahagi en Ituri plantea serias preocupaciones sobre el funcionamiento de la administración de justicia penal en esta región. Durante tres años, la disfunción causada por la falta de jueces ha comprometido el acceso a una justicia justa para muchos acusados, lo que ha provocado detenciones prolongadas y demoras judiciales perjudiciales.
La dotación de personal judicial insuficiente, con sólo un juez de los tres necesarios en el cargo, tiene repercusiones devastadoras en el sistema de justicia. Las consecuencias se sienten en el hacinamiento de la prisión central de Mahagi, donde adultos y niños se encuentran hacinados en condiciones inhumanas. Esta situación crítica, agravada por la falta de infraestructura adecuada, demuestra la urgencia de tomar medidas para corregir estas deficiencias.
La visita conjunta de la MONUSCO y las autoridades congoleñas puso de relieve la magnitud de los problemas que enfrenta el Tribunal de Paz de Mahagi. Las actividades judiciales se ven gravemente perturbadas, lo que deja a muchos detenidos inseguros sobre su suerte. De hecho, algunos se encuentran encarcelados durante meses, sin haber disfrutado de un juicio justo y rápido como prevé la ley.
Además, la situación de los niños detenidos en condiciones inadecuadas constituye una flagrante violación de sus derechos. Es imperativo que estos menores sean trasladados rápidamente a establecimientos especializados para garantizar su protección y rehabilitación.
Activistas de derechos humanos plantearon estas cuestiones en una jornada de puertas abiertas en Mahagi, destacando la urgencia de la intervención del gobierno. Es esencial que se tomen medidas concretas para nombrar a los jueces desaparecidos y mejorar las condiciones de detención, en particular garantizando la separación de los menores detenidos de los adultos.
En conclusión, la crisis judicial que afecta al Tribunal de Paz de Mahagi pone de relieve la absoluta necesidad de fortalecer la administración de justicia en la región. Las autoridades competentes deben actuar rápidamente para remediar esta precaria situación y garantizar el respeto de los derechos fundamentales de todas las personas involucradas en el sistema de justicia.