En el corazón de la provincia de Haut-Katanga, en Lubumbashi, una práctica controvertida ha suscitado recientemente fuertes reacciones. El arzobispo metropolitano de Lubumbashi, monseñor Fulgence Muteba, denunció enérgicamente el reclutamiento forzoso de jóvenes procedentes de familias desintegradas en el Servicio Nacional en Kanyama Kasese. Esta alarmante situación fue puesta en conocimiento del público en general durante una entrevista concedida a Fatshimetrie por el prelado católico.
En sus palabras marcadas por la firmeza, Mons. Fulgence Muteba subrayó con razón que los jóvenes en situación de calle o separados de sus familias no pierden en ningún caso sus derechos fundamentales. Condenó enérgicamente esta operación de reclutamiento forzoso, denunciando las graves violaciones de los derechos de estos jóvenes vulnerables. Señaló que esta práctica abusiva se observa no sólo en Kanyama Kasese, sino también en otras localidades de la región como Kasumbalesa, Likasi y Kolwezi en Lualaba.
También se destacó la implicación de la ONG Acción para la Protección y Supervisión de los Niños (APEE), destacando la presencia de menores entre los jóvenes trasladados desde la ciudad de Mbandaka al centro de formación de Kanyama Kasese. Marcel Tote, coordinador de la ONG, destacó la falta de rigor en la clasificación entre menores y adultos, señalando las deficiencias en el proceso de selección.
Ante estas acusaciones, el general Kasongo Kabwit, jefe del centro de formación de Kanyama Kasese, reaccionó desde Lubumbashi denunciando cualquier politización de la operación. Afirmó que la misión principal de esta actividad era la lucha contra la delincuencia y la delincuencia juvenil, rechazando así cualquier idea de rastrear a los jóvenes delincuentes. Además, el general destacó que muchos jóvenes voluntarios se habían alistado para integrarse al campamento de constructores, con el objetivo de aprender un oficio y contribuir positivamente a la sociedad.
Esta controversia plantea cuestiones cruciales sobre los derechos de los jóvenes desfavorecidos y la forma en que las autoridades abordan la cuestión de la delincuencia juvenil. Es fundamental garantizar el respeto de los derechos de estos jóvenes en situaciones precarias y garantizar que cualquier acción que se adopte esté realmente dirigida a su bienestar y desarrollo.
En última instancia, este caso resalta la importancia de proteger los derechos de los jóvenes vulnerables y garantizar que cualquier acción que se tome sea en beneficio de los niños y jóvenes. Es esencial ofrecer alternativas positivas que les permitan prosperar y contribuir significativamente a la sociedad, respetando al mismo tiempo su dignidad y sus derechos fundamentales.