En una sentencia reciente en Nigeria, tres personas fueron condenadas a muerte en la horca por cometer un robo a mano armada al robarle un automóvil a su propietario. El caso provocó fuertes reacciones, poniendo de relieve la dureza de las sentencias en el país y planteando dudas sobre la imparcialidad del sistema judicial.
El caso se llevó ante el Tribunal Superior del Estado de Ekiti en Ado Ekiti, donde los acusados, Akingbade David, Michael Mayowa e Ibrahim Mukaila, fueron declarados culpables de robo y conspiración. Según la fiscalía, los tres individuos robaron, armas en mano, un Toyota Corolla perteneciente a Gbenga Ajayi el 1 de marzo de 2019 en la carretera NTA en Ado Ekiti.
El veredicto fue recibido con sorpresa por algunos observadores, incluido Sowore, quien expresó su incredulidad ante la severidad de la sentencia. Subrayó el evidente contraste de la situación recordando que algunos políticos locales, acusados de malversación de varios miles de millones de naira, no parecían ser tratados con el mismo rigor por la justicia.
Sowore destacó la opacidad de los procedimientos judiciales, destacando el caso de los ex gobernadores del estado de Ekiti, Ayodele Fayose y Kayode Fayemi. Si bien Fayose está siendo juzgado actualmente por cargos de fraude y lavado de dinero que ascienden a casi 7 mil millones de naira, Fayemi obtuvo una orden judicial que impide a la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) iniciar una investigación en su contra.
Este caso ilustra las fallas del sistema de justicia nigeriano, donde a veces la justicia parece aplicarse de manera desigual dependiendo de la posición social y política de los individuos. El contraste entre la severidad del castigo impuesto a los ladrones de automóviles y la aparente impunidad de las élites políticas plantea legítimamente dudas sobre la equidad y la independencia de la justicia en el país.
Es esencial que el sistema de justicia nigeriano garantice la aplicación justa e imparcial de la ley, independientemente del estatus o la influencia de las personas involucradas. Este caso destaca la necesidad de una reforma integral del sistema de justicia para fortalecer la confianza pública en el estado de derecho y garantizar una justicia justa para todos los ciudadanos.