Los recientes anuncios del Ministerio de Justicia en Kinshasa han causado confusión entre las ONG y otras asociaciones en la República Democrática del Congo. De hecho, la eliminación del folio 92 (F92) suscitó fuertes reacciones y planteó muchas preguntas sobre las consecuencias de esta decisión.
El F92, que tradicionalmente se entregaba a los solicitantes de personalidad jurídica como acuse de recibo, vio su supresión decidida el 20 de junio. Esta medida, adoptada por la ministra de Justicia, Constat Mutamba, se justificó por el deseo de respetar la normativa vigente y evitar cualquier abuso relacionado con la obtención de la personalidad jurídica.
Sin embargo, según el Centro de Investigación y Estudios sobre el Estado de Derecho en África (CREEDA), la cancelación del F92 va en contra de la legislación vigente sobre el funcionamiento de las ONG y asociaciones en la República Democrática del Congo. De hecho, los titulares del F92 podrían implícitamente considerar concedida la personalidad jurídica solicitada si el ministerio no adoptaba una decisión favorable después de seis meses.
Ante esta situación, persisten muchos interrogantes. ¿Por qué el Departamento de Justicia decidió eliminar el F92? ¿Qué pasa con los F92 emitidos antes de esta fecha y qué pasos deben seguir sus titulares para obtener su personalidad jurídica? Estas preguntas siguen sin respuesta y requieren aclaración por parte de las autoridades pertinentes.
En un contexto donde la transparencia y la legalidad son más esenciales que nunca, es fundamental que las decisiones gubernamentales se tomen respetando los textos vigentes y en aras del interés general. Las ONG y asociaciones desempeñan un papel crucial en la sociedad congoleña y es imperativo garantizarles un marco jurídico claro y estable que les permita cumplir plenamente su misión.
Por tanto, es necesario que el gobierno congoleño aclare la situación y adopte medidas para garantizar la seguridad jurídica de las organizaciones de la sociedad civil. La eliminación del F92 no debe ser fuente de confusión, sino por el contrario, ser una oportunidad para fortalecer la confianza entre el Estado y los actores de la sociedad civil para promover un ambiente propicio para el desarrollo y la realización de todos.
En conclusión, la eliminación del F92 por parte del Ministerio de Justicia de la República Democrática del Congo plantea importantes cuestiones sobre su impacto en el funcionamiento de las ONG y asociaciones. Es crucial que se brinden respuestas claras y soluciones adecuadas para garantizar la estabilidad y legalidad de las actividades de la sociedad civil en el país.