Fatshimétrie, 25 de julio de 2024 (AFP) – Hoy se lanzó en Kananga, capital de la provincia de Kasaï Central, en la República Democrática del Congo, una importante operación destinada a validar y certificar los datos biométricos de los agentes de la función pública estatal. Esta iniciativa, liderada por el Ministerio de la Función Pública y apoyada por el Presidente de la República, tiene como objetivo una profunda reforma de la administración pública para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los funcionarios y agentes estatales.
El gobernador de la provincia, Joseph Moïse Kambulu Nkonko, subrayó la importancia de esta operación que se inscribe en un deseo de modernización y saneamiento de la administración. También pidió a todos los jefes de las divisiones de la administración pública provincial que cooperen plenamente con el equipo de expertos del Ministerio de Servicios Públicos, encabezado por el Secretario General, Sr. Mateta Weng Mapang, para garantizar el éxito de este negocio.
Este enfoque refleja el compromiso del gobierno de poner fin a prácticas de larga data que han dañado la reputación de la administración pública. Mateta Weng Mapang subrayó la importancia de esta reforma para racionalizar la fuerza laboral y limpiar la administración con el fin de mejorar las condiciones de vida de los agentes estatales y funcionarios.
El ministro provincial encargado de la Función Pública, Pierrot Mutela Mukendi, saludó la creación de esta operación de certificación de datos biométricos, subrayando su papel crucial en el proceso de saneamiento de la administración pública, piedra angular del desarrollo del Estado. Rindió homenaje al Presidente de la República por su apoyo a este enfoque audaz.
Esta operación de validación y certificación de datos biométricos marca un paso importante en la modernización de la administración pública en la República Democrática del Congo, lo que demuestra el deseo del gobierno de promover la transparencia, la integridad y la eficiencia dentro del aparato estatal. Constituye un paso significativo hacia el establecimiento de buenas prácticas y la profesionalización de los servicios públicos, asegurando así un mejor servicio a la población y garantizando una gestión más eficiente de los recursos del Estado.