El reciente resurgimiento de la epidemia de Mpox en la prisión central de Kisangani ha suscitado una creciente preocupación por la precaria situación de salud de los reclusos. Durante una reunión de respuesta organizada por la División Provincial de Salud en colaboración con profesionales de la salud locales, se notificaron 23 casos confirmados entre los 97 casos sospechosos identificados dentro del establecimiento penitenciario.
La situación de hacinamiento y las deplorables condiciones higiénicas dentro de la prisión, que actualmente cuenta con 1.222 reclusos, constituyen un caldo de cultivo para la rápida propagación de la enfermedad viral. Ante esta preocupante observación, se movilizaron equipos médicos sobre el terreno para tratar los casos confirmados e intensificar las medidas de prevención.
El Dr. Bienvenu Ikomo, jefe de la división provincial de salud de la provincia de Tshopo, ha creado un punto focal responsable de coordinar las acciones para prevenir y controlar la epidemia. También se despliegan equipos especializados, incluidos psicólogos, para ayudar a los presos afectados y a sus seres queridos.
Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS) se ha comprometido a proporcionar medicamentos adicionales para fortalecer la respuesta sanitaria, mientras que el gobierno provincial brinda apoyo financiero y logístico para detener la propagación de Mpox.
A pesar de los cuatro casos registrados anteriormente en julio y de haber sido tratados con éxito, el origen de este nuevo brote aún está por determinar. Las autoridades sanitarias siguen movilizadas para realizar investigaciones en profundidad e implementar medidas efectivas para contener la propagación del virus dentro de la prisión central.
Esta alarmante situación pone de relieve la importancia crucial de mejorar las condiciones de vida e higiene de los reclusos en los establecimientos penitenciarios para garantizar su salud y bienestar. Es urgente adoptar medidas concertadas y duraderas para prevenir esas epidemias y garantizar una atención adecuada a los afectados.
Esta situación pone en duda la conciencia colectiva sobre la necesidad de promover condiciones de detención que respeten los derechos fundamentales y la dignidad humana, incluso en un entorno carcelario. La acción colectiva y coordinada es esencial para garantizar la salud y el bienestar de todos, incluidos los detenidos, en nuestra sociedad.