**El espinoso tema de la superpoblación en la prisión de Makala: tensiones entre el Ministro de Justicia y los magistrados**
Desde hace varias semanas, la prisión central de Makala está en el centro de una polémica en un contexto de hacinamiento penitenciario y de tensiones entre el ministro de Justicia, Constant Mutamba, y los magistrados. Esta situación alcanzó recientemente su punto culminante con las declaraciones incendiarias del ministro, acusando a los magistrados de enviar detenidos a Makala sin tener en cuenta su capacidad de acogida.
Durante una inspección en la prisión central de Makala, Constant Mutamba no se anduvo con rodeos y denunció un «sabotaje» por parte de los magistrados que envían periódicamente detenidos a Makala, agravando así el problema de la superpoblación. El ministro expresó claramente su frustración por esta situación que califica de injusta y pidió medidas firmes para remediarla.
Los comentarios del Ministro de Justicia crearon una animada controversia, provocando reacciones contrastantes dentro de la comunidad jurídica. Mientras algunos apoyan las acusaciones de Constant Mutamba y piden sanciones contra los magistrados acusados, otros denuncian injerencias políticas en el funcionamiento de la justicia y destacan la necesidad de respetar la independencia del poder judicial.
Ante esta tensa situación, el Consejo Superior del Poder Judicial se posicionó en contra de una circular del Viceministro de Justicia que prohíbe los traslados de detenidos preventivos a Makala y Ndolo. Esta posición pone de relieve las profundas divergencias que existen en torno a la gestión de la superpoblación carcelaria y la colaboración entre el poder judicial y el ejecutivo.
Más allá de las justas verbales y las tensiones institucionales, es esencial encontrar soluciones duraderas para resolver el problema del hacinamiento carcelario en Makala, que impacta no sólo las condiciones de detención de los detenidos sino también el buen funcionamiento de la justicia en general. Esta situación también plantea interrogantes más amplios sobre el respeto al Estado de derecho y la separación de poderes, dos principios fundamentales en los que se basa nuestro sistema democrático.