El reciente aumento de los honorarios legales dentro de la plataforma Dinámicas Sociales para el Desarrollo y la Paz, bajo la cuidadosa supervisión de Me Ramazani Shabani, ha abierto un debate crucial sobre la accesibilidad a la justicia para las poblaciones más desfavorecidas. De hecho, la justicia debería ser un servicio público, accesible a todos, sin distinción de clase social. Cuando las barreras financieras obstaculizan el acceso a la justicia, esto sin duda pone en duda los fundamentos mismos de nuestra sociedad y de nuestro sistema judicial.
El proceso de bancarrota de costas judiciales, instaurado por el Ministerio de Justicia, exige ahora un depósito de más de 700 dólares estadounidenses, acompañado de multitud de documentos administrativos que deben presentarse a la dirección de religiones y asociaciones para obtener una simple autorización de funcionamiento. Este enfoque, aunque apunta a fortalecer la transparencia, plantea serias preocupaciones sobre su impacto en el acceso a la justicia para los más desfavorecidos.
Desde Rawbank hasta Cadeco, abogados y representantes de asociaciones aconfesionales se ven obligados a pagar estas nuevas tasas, compuestas por tasas de depósito, tasas proporcionales y tasas de certificado de nacionalidad, entre otras. Esta realidad plantea un profundo dilema respecto del equilibrio entre la necesidad de financiar el sistema de justicia y garantizar el acceso efectivo a la justicia para todos.
La cuestión del acceso a la justicia y el aumento de las costas judiciales está en el centro de las preocupaciones de muchos actores de la sociedad civil. La revista “Derechos y Ciudadanía”, producida por Jeef Ngoy Mulonda, se propone explorar las razones de este aumento y comparar las prácticas judiciales en el extranjero. Es crucial abordar estas cuestiones para garantizar un acceso justo a la justicia para todos los ciudadanos.
En conclusión, el aumento de las costas judiciales plantea cuestiones esenciales en términos de justicia social y acceso equitativo a los derechos fundamentales. Es imperativo que las autoridades interesadas tengan en cuenta estas preocupaciones y garanticen que la justicia siga siendo verdaderamente accesible para todos, sin discriminación financiera. Este enfoque es esencial para preservar la integridad y legitimidad de nuestro sistema judicial, garante de la paz social y el respeto a los derechos de cada individuo.