La crisis del combustible en Nigeria: los peligros de los distribuidores ilegales de gasolina

La economía de Nigeria se ha visto recientemente sacudida por una crisis de combustible que ha provocado el cierre de muchas gasolineras y largas colas en las pocas estaciones abiertas. La crisis dio un giro aún más dramático cuando la Nigeria National Petroleum Corporation Limited (NNPCL) aumentó el precio de la gasolina a 897 libras por litro.

En este contexto de escasez, los revendedores ilegales aprovecharon la oportunidad ofreciendo gasolina a precios exorbitantes en las calles, evitando así largas colas en las gasolineras. Por ejemplo, mientras que el precio rondaba los 564 libras esterlinas por litro en algunas estaciones, un bidón de cinco litros se vendía hasta 5.000 libras esterlinas en las calles de Lagos.

Estos revendedores creen que le están haciendo un servicio a la población al facilitarle el acceso a la gasolina en tiempos de escasez. Sin embargo, muchos de ellos desconocen las consecuencias jurídicas de sus actividades. Recientemente, el Grupo de Trabajo del Gobierno del Estado de Lagos arrestó a seis personas involucradas en la venta ilegal de gasolina durante la crisis del combustible.

Estos individuos, detenidos en Fadeyi, Maryland, Charity Bus Stop y Airport Road, vendían gasolina a precios exorbitantes. El presidente de la agencia, CSP Adetayo Akerele, condenó la práctica y destacó los riesgos para la seguridad pública que plantea el manejo y almacenamiento inadecuados de la gasolina vendida ilegalmente.

Más allá de las preocupaciones de seguridad, la ley nigeriana es clara en cuanto a que vender gasolina sin licencia está sujeto a sanciones penales. Según el artículo 17 de la Ley Diversa, toda persona que importe, exporte, venda, distribuya o negocie con hidrocarburos sin autorización legal o licencia adecuada puede ser condenada a cadena perpetua.

Esta reciente serie de arrestos en Lagos resalta los riesgos que enfrentan los comerciantes ilegales de gasolina y resalta la necesidad de cumplir con las regulaciones existentes. En tiempos de crisis de combustible, la seguridad de los ciudadanos no debe verse comprometida en aras de obtener beneficios financieros rápidos.

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