La comunidad de Ezinano en Awka, estado de Anambra, presentó recientemente una petición ante la Comisión del Servicio de Policía (PSC) para denunciar la presunta participación de la policía en disputas de tierras. Los demandantes alegan que la policía utiliza armas de fuego, acosa, amenaza e intimida a miembros de la comunidad, al tiempo que interfiere en asuntos de tierras.
Más concretamente, acusan a los funcionarios del Escuadrón de Intervención Rápida Awkuzu de estar en el origen de estas actividades ilegales. La disputa gira en torno a una cuestión de tierras entre la comunidad de Ezinano y la aldea de Umuzuocha, actualmente pendiente ante el tribunal superior. A pesar de los procedimientos legales en curso, se dice que la policía ayudó a los residentes de Umuzuocha a destruir cultivos, frutas y árboles económicos en la comunidad de Ezinano.
Esto ocurre a pesar de la restricción del PSC a la participación de la policía en asuntos civiles, incluidas disputas territoriales y matrimoniales. El 4 de septiembre de 2024, un equipo policial liderado por Supol Iburu Ifeanyi allanó las tierras en disputa, disparó esporádicamente y amenazó a miembros de la comunidad. El presidente de la juventud, Tochukwu Nwokoye, fue atacado, arrestado y llevado a la comisaría de Awkuzu. Los peticionarios también afirman que la policía brindó seguridad a sus oponentes, destruyó estructuras y ahuyentó a las mujeres con fuego de AK 47.
En el pasado se han denunciado incidentes similares, con protestas y enfrentamientos entre residentes de Awka y la policía por disputas de tierras. El Comisionado de Policía del Estado de Anambra ha negado anteriormente la participación de la policía en asuntos de tierras, enfatizando su papel en el mantenimiento de la ley y el orden.
Los peticionarios instan al PSC a investigar y tomar medidas disciplinarias contra los implicados. Entre los firmantes se encuentran Ọzọ Ezekwesili Ọ., Ọzọ Dennis Okoli, Chidozie Oforah y otros. La situación plantea preocupaciones sobre el respeto del Estado de derecho y la protección de los derechos de las comunidades locales frente a posibles violaciones por parte de las fuerzas del orden.