Archivo: Manifestantes protestan contra las penurias en las calles de Lagos, Nigeria, el jueves 1 de agosto de 2024. Miles de nigerianos, en su mayoría jóvenes, salieron a las calles en varias ciudades del país para expresar su descontento por los graves problemas económicos y exigir responsabilidades al gobierno. Las escenas se vieron empañadas ocasionalmente por enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, que recurrieron al uso de gases lacrimógenos para dispersar a algunos de los manifestantes, en particular en la capital, Abuja.
En un acontecimiento reciente, el Gobierno Federal ha puesto en libertad a seis de las más de 1.403 personas que fueron arrestadas y detenidas durante las protestas #EndBadGovernance que comenzaron el 1 de agosto de 2024. Los manifestantes habían sido acusados de delitos relacionados con la traición, y un Tribunal Superior Federal de Abuja fijó una fianza exorbitante de 10 millones de nairas cada uno para 10 de ellos, una medida ampliamente criticada por injusta y opresiva.
Varios expertos legales han condenado la mano dura del gobierno hacia los manifestantes, denunciando los cargos de traición y sedición como injustificados y destinados a reprimir la disidencia. La represión de los manifestantes pacíficos ha suscitado preocupaciones sobre la erosión de las libertades civiles y la intimidación de los ciudadanos que ejercen sus derechos constitucionales.
El reconocido activista medioambiental y director ejecutivo de la Fundación para la Salud de la Madre Tierra (HOMEF), Nnimmo Bassey, ha expresado su consternación por el silencio del gobierno a la hora de abordar las demandas de los manifestantes. Bassey destacó que el hecho de que el gobierno no haya abordado las quejas del movimiento #EndBadGovernance es contraproducente y corre el riesgo de aumentar las tensiones en el país.
Fuentes del aparato de seguridad revelaron que seis personas fueron puestas en libertad en el estado de Kaduna siguiendo órdenes del director general del Departamento de Servicios del Estado (DSS), Adeola Ajayi, mientras que otras tres siguen detenidas en espera de procedimientos judiciales. El DSS aclaró que defiende el derecho de los ciudadanos a la protesta pacífica, pero no dudará en procesar a quienes participen en actividades delictivas bajo el pretexto de las manifestaciones.
Los expertos legales criticaron al gobierno por sus tácticas represivas y advirtieron que tales acciones podrían alimentar más disturbios en un país que lucha contra la corrupción sistémica, la inseguridad y los desafíos económicos. Los cargos de terrorismo y traición formulados contra los manifestantes han sido recibidos con escepticismo, y se han pedido pruebas concretas para corroborar las graves acusaciones.
Mientras Nigeria se prepara para una posible agitación en medio de un creciente descontento y pedidos de rendición de cuentas, el gobierno se enfrenta a una presión cada vez mayor para abordar las causas profundas de la crisis y entablar un diálogo significativo con sus ciudadanos. Las próximas protestas programadas para el 1 de octubre sirven como prueba de fuego para el compromiso del gobierno de defender los valores democráticos y responder a las quejas legítimas de la población..
En una nación donde la resiliencia es un sello distintivo de la población, la carga de las dificultades y el aumento de los costos de vida ha llegado a un punto crítico. Los nigerianos, conocidos por su resistencia frente a la adversidad, ahora exigen soluciones tangibles a los desafíos acuciantes que amenazan sus medios de vida y su bienestar. La respuesta del gobierno en las próximas semanas determinará la trayectoria de la resiliencia democrática del país y su capacidad para abordar las aspiraciones de sus ciudadanos.