El teatro político en la República Democrática del Congo (RDC) se ha caracterizado una vez más por vacilaciones y bloqueos. Mientras la sesión ordinaria de septiembre está en pleno desarrollo en la Asamblea Nacional, el país aún espera conocer el cronograma de trabajos parlamentarios. Y con razón continúan las negociaciones para la creación de comisiones permanentes, en el contexto de las exigencias de la Unión para la Democracia y el Progreso Social (UDPS), que exige la presidencia de la mayoría de las comisiones.
Esta vaga situación corre el riesgo de comprometer el plazo dado a la Asamblea Nacional para el examen y la aprobación del presupuesto para el próximo año. En efecto, según la Constitución y la ley relativa a las finanzas públicas, la institución parlamentaria dispone de 40 días a partir de la presentación del proyecto de ley de finanzas para votarlo.
El proyecto de presupuesto para 2025, presentado por la primera ministra Judith Suminwa el 16 de septiembre, aún no ha sido examinado, lo que significa que la Asamblea Nacional ya ha perdido un tiempo precioso. Sólo quedan 25 días para que el presupuesto sea votado, aprobado y enviado al Senado para una nueva lectura en un plazo de 20 días.
Si no se respeta el cronograma, la Ley de Finanzas Públicas establece que el proyecto de ley de finanzas debe enviarse al Senado para su aprobación dentro de los 20 días siguientes a su presentación. Además, la aprobación del presupuesto está condicionada al examen previo de la ley de rendición de cuentas, lo que implica una serie de procedimientos complementarios.
Así, el actual bloqueo en la Asamblea Nacional corre el riesgo de retrasar la aprobación del presupuesto para el próximo año, comprometiendo así el funcionamiento de las instituciones y la planificación financiera del país. Se vuelve imperativo que los distintos actores políticos dejen de lado sus diferencias y prioricen el interés general, con miras a garantizar una gobernanza eficaz y transparente para el bienestar de todos los ciudadanos congoleños.