Fatshimetria
Impresionantes imágenes de la policía lacustre de Uganda revelan una dura operación contra la pesca ilegal en aguas territoriales. De hecho, las autoridades confiscaron 24 embarcaciones y equipos de pesca, incluidos motores fuera de borda y redes.
Según informaciones transmitidas por la sociedad civil en la jefatura de Mokambo, en el territorio de Mahagi en Ituri, los propietarios de estos equipos están acusados de practicar la pesca ilegal en Uganda. Situación que motivó su detención, a la espera de una probable sanción económica para recuperar su libertad.
Grégoire Thumitho, portavoz de la sociedad civil, da la voz de alarma y pide a las autoridades congoleñas que intervengan en este asunto. Los pescadores congoleños detenidos tendrán que pagar una multa de unos doscientos dólares estadounidenses para recuperar su libertad. Una injusticia denunciada por las familias de estos pescadores, que se ven obligadas a vender sus mercancías para conseguir la suma necesaria.
Ante esta preocupante situación, la sociedad civil pide una intervención urgente de las autoridades locales. Pide una colaboración reforzada entre las unidades de la fuerza naval de las FARDC y las autoridades ugandesas para encontrar una solución justa y equitativa a este conflicto.
El administrador del territorio Mahagi prometió comunicar sobre este incidente en las próximas horas, sugiriendo una posible evolución en el desenlace del asunto. Mientras tanto, la incertidumbre se cierne sobre el destino de los pescadores congoleños detenidos, lo que genera preocupación entre las familias y la comunidad local.
Esta operación para combatir la pesca ilegal subraya la importancia crucial de la protección de los recursos naturales y la cooperación entre los países ribereños para garantizar la explotación sostenible de los recursos acuáticos. Es necesario que las autoridades fortalezcan los sistemas de control y vigilancia para prevenir actividades ilegales y promover una pesca responsable y que cumpla con las leyes vigentes.
En conclusión, este caso destaca las cuestiones cruciales relacionadas con la gestión de los recursos pesqueros y la necesidad de fortalecer la cooperación transfronteriza para combatir eficazmente la pesca ilegal. Es imperativo que las autoridades actúen en conjunto para proteger los ecosistemas acuáticos y garantizar la sostenibilidad de las actividades pesqueras en la región.