El caso entre Precious Eze, Olawale Rotimi, Rowland Olonishuwa y Seun Odunlami y Guaranty Trust Holding Company (GTCO) está causando mucho ruido actualmente. Estos individuos fueron juzgados recientemente por un cargo de diez cargos relacionados con la supuesta publicación de acusaciones falsas a través de varias plataformas de redes sociales contra GTCO.
Este caso destaca cargos que incluyen conspiración, acoso cibernético, publicación de información falsa y engañosa, extorsión, amenazas e intento de provocar una pérdida de acciones y de su valor.
Durante su primera comparecencia el 27 de septiembre ante el juez Ayokunle Faji, los acusados se declararon inocentes de los cargos. Pese a ello, el juez Faji ordenó su reclusión en el centro de prisión preventiva.
Durante la audiencia del lunes, el fiscal Ajibola Aribisala (SAN) informó al tribunal que tenía un nuevo cargo de diez cargos contra los imputados. Obtuvo autorización del Inspector General de la Policía para continuar con el caso y pidió al tribunal que volviera a leer los cargos.
Una vez más, los acusados se declararon inocentes. El tribunal ordenó que continuaran detenidos en espera de la vista de sus solicitudes de libertad provisional.
Faji aplazó el caso hasta el 24 de octubre y también pidió al fiscal que presentara las pruebas que lo respaldaran. El abogado defensor Olakunle Afolabi planteó objeciones a los nuevos cargos diciendo que acababa de ser informado y necesitaba tiempo para revisar los cargos enmendados.
En respuesta, el fiscal, como abogado de derechos humanos, enfatizó su preocupación por los derechos y libertades de los acusados. Por tanto, leyó los cargos modificados a los acusados.
Según la acusación, los acusados y otras personas supuestamente conspiraron para cometer los presuntos delitos en agosto pasado en Lagos.
Se les acusa de conspirar para cometer ciberacoso y de publicar acusaciones falsas, engañosas y sin fundamento contra GTCO y su dirección. Se alega que los imputados realizaron publicaciones falsas con el objetivo de dañar la reputación de la empresa y del sistema bancario en su conjunto.
Este caso plantea cuestiones importantes sobre la responsabilidad y la ética en el uso de las redes sociales, así como las posibles consecuencias de las publicaciones difamatorias. Destaca la necesidad de que cada uno de nosotros estemos atentos a lo que publicamos en línea y al impacto que puede tener en los demás.