La cuestión de los créditos de carbono en Asia sigue generando fuertes reacciones y cuestionamientos dentro de la comunidad internacional. Si bien Camboya se posiciona como defensora de los créditos de carbono en Asia, la realidad sobre el terreno revela un lado completamente diferente de la situación.
Con casi un 40% de bosques en su territorio, el reino camboyano ha atraído la atención de las multinacionales de todo el mundo, que están invirtiendo millones de euros en la compra de créditos de carbono para compensar su huella de carbono. Sin embargo, una encuesta reciente destaca una deforestación galopante incluso dentro de áreas que se supone deberían estar protegidas. De hecho, en 2023 se perdieron más de 121.000 hectáreas de bosque, el equivalente a la superficie de la ciudad de Los Ángeles, poniendo en peligro el equilibrio ecológico de la región.
Esta preocupante observación pone de relieve los límites del sistema de créditos de carbono, que, aunque loable en su objetivo de financiar la protección de los bosques, parece presentar importantes fallos en su implementación. Mientras la COP29 se lleva a cabo en Bakú, Azerbaiyán, las cuestiones de la transición climática están más que nunca en el centro de los debates. Las reglas de un nuevo mercado de carbono, supervisado por la ONU y abierto a empresas y Estados, son objeto de intensos debates entre los participantes.
Desde sus inicios en 1997 con el Protocolo de Kioto y su relanzamiento en 2015 con los Acuerdos de París, el intercambio de carbono ha permitido a diversos actores contribuir a la lucha contra el calentamiento global. Sin embargo, las críticas a este sistema van en aumento, destacando las deficiencias y desviaciones observadas sobre el terreno. Los proyectos ecológicos financiados con créditos de carbono en Asia, particularmente en Camboya, están siendo cuestionados, señalando prácticas ilegales como la deforestación masiva y la explotación de las poblaciones indígenas.
La ONG Human Rights Watch y el periódico inglés The Guardian denuncian estos abusos, refiriéndose a «proyectos fantasma» que no cumplen sus promesas medioambientales. Se vuelve urgente revisar a fondo el funcionamiento del mercado de carbono y establecer mecanismos de control más estrictos para evitar cualquier forma de explotación y degradación ambiental.
En definitiva, si los créditos de carbono pueden constituir una herramienta interesante para mitigar los efectos del cambio climático, es imperativo garantizar que los proyectos financiados correspondan verdaderamente a acciones concretas para preservar el medio ambiente. Las cuestiones medioambientales son demasiado importantes para verse comprometidas por prácticas cuestionables y proyectos ilusorios. Es hora de actuar de manera responsable y transparente para preservar nuestro planeta y garantizar un futuro sostenible para las generaciones futuras.