Fatshimetrie destacó recientemente un intrigante caso de adquisición de un edificio por parte del fiscal general del Tribunal de Casación, Firmin Mvonde, por la considerable suma de 900.000 euros en Bruselas. Esta transacción desencadenó una cascada de preguntas y controversias que llevó al Ministro de Justicia, Constant Mutamba, a solicitar investigaciones en profundidad para dilucidar las circunstancias de esta compra.
El anuncio de esta adquisición despertó sospechas de enriquecimiento ilícito, lo que llevó a Constant Mutamba a convocar a la Inspección General de Finanzas (IGF), a la Unidad Nacional de Procesamiento de Información Financiera (CENAREF) y a la Agencia Nacional de Inteligencia (ANR) para examinar más de cerca la situación. las ramificaciones de esta transacción inmobiliaria.
Sin embargo, fuentes cercanas a la Fiscalía General han expresado reservas sobre la legitimidad del Ministro de Justicia para iniciar una investigación sobre un alto dignatario como el Fiscal General, sugiriendo que esta competencia recae más bien en el Jefe de Estado.
En un comunicado, la Fiscalía General confirmó la compra del edificio gracias a un préstamo de 750.000 euros obtenido del banco EQUITY BCDC, con un tipo de interés del 10% anual, tasas de ejecución del 1% y reembolso en un plazo de 24 meses a partir del pasado mes de julio. Los fondos fueron transferidos al vendedor en Bélgica, de conformidad con los términos del contrato acordado con el banco.
Sin embargo, queda la pregunta de cómo Firmin Mvonde puede permitirse semejante adquisición con sus ingresos mensuales. La Procuraduría General de la República respondió que el origen de los fondos es un préstamo y el plazo de amortización puede ampliarse si fuera necesario.
Para el equipo del Fiscal General, esta atención mediática sobre la adquisición de bienes inmuebles se parece más a un chantaje orquestado por opositores al alto magistrado. Afirman que un periodista de Africa Intelligence intentó chantajear al fiscal amenazándolo con revelar información confidencial del banco. Ante este intento de intimidación, la Fiscalía reaccionó denunciando el desconocimiento de las operaciones bancarias por parte de estos detractores.
Este caso plantea cuestiones cruciales sobre la transparencia y la ética dentro de la institución judicial. Queda por ver si las conclusiones de las investigaciones solicitadas por el Ministro de Justicia aportarán pruebas concluyentes sobre la legalidad y legitimidad de esta controvertida inversión inmobiliaria.