En el territorio de Faradje, situado en el Alto Uele, en la República Democrática del Congo, fuerzas de la sociedad civil lanzaron una alerta. Según las investigaciones realizadas por esta organización, entre 2020 y 2024 se observó tala masiva e ilegal, principalmente por parte de operadores extranjeros, en su gran mayoría ugandeses.
El coordinador de esta estructura, Jean-Claude Malitano, reveló que estos operadores extranjeros utilizan un permiso único para cubrir las actividades de varios operadores forestales en la región. Esta situación plantea una serie de problemas, en particular la complicidad de ciertos servicios encargados de recaudar impuestos, que participan activamente en esta explotación ilegal gravando arbitrariamente a la población local.
De hecho, los agentes de estos servicios facilitan la explotación ilegal mediante la recaudación de impuestos no regulados, e incluso llegan a exigir derechos consuetudinarios. Esta colusión entre operadores extranjeros y agentes locales no sólo compromete el equilibrio ambiental de la región, sino que también pone en peligro los recursos naturales esenciales para la supervivencia de las comunidades locales.
Ante esta alarmante situación, Jean-Claude Malitano pide a las autoridades provinciales que adopten medidas urgentes para restablecer el orden en el sector forestal. Propone la creación de brigadas dedicadas en entidades territoriales descentralizadas para monitorear y regular la explotación de madera, así como el establecimiento de parques madereros donde se puedan recaudar impuestos legalmente.
Además, las revelaciones sobre algunos agentes de los servicios implicados que viajan a Uganda para recaudar estos impuestos plantean dudas sobre el destino de los fondos recaudados. Es imperativo que se tomen medidas para investigar y poner fin a estas prácticas que son perjudiciales para la economía local y el medio ambiente.
En conclusión, la situación de explotación ilegal de los recursos forestales en el territorio de Faradje es alarmante y exige una acción inmediata por parte de las autoridades competentes para poner fin a estas prácticas nocivas. Es esencial proteger los bosques y las comunidades locales, garantizando al mismo tiempo la explotación sostenible de los recursos naturales para las generaciones futuras.