El reciente asunto del director interino de la Comisión Nacional para la Prevención de Carreteras (CNPR) en Ituri ha suscitado fuertes reacciones en el seno de esta organización. En efecto, trece agentes y directivos de la CNPR enviaron una carta al Ministro de Transportes y Comunicaciones denunciando sospechas de malversación de más de cien mil dólares por parte de la directora interina, Irène Bubulenga.
Las acusaciones formuladas por estos trabajadores son graves y ponen de relieve prácticas de mala gestión y supuesta malversación de regalías recaudadas de la empresa minera Kibali Gold Mining. Las acusaciones llegan incluso a denunciar la falta de transparencia en la gestión de los fondos procedentes de impuestos y regalías pagados por los subcontratistas de dicha empresa minera.
La correspondencia destaca la falta de claridad sobre los depósitos de dinero destinados a la CNPR en una cuenta que no es la oficial de la organización. Los firmantes de la carta denuncian también el coste supuestamente inflado de algunos proyectos, en particular el de la instalación de semáforos en Bunia.
Ante estas acusaciones, Irène Bubulenga se defiende enérgicamente, rechazando de plano las acusaciones de malversación de fondos y subrayando la necesidad de realizar auditorías financieras antes de sacar conclusiones precipitadas. Destaca los desacuerdos internos dentro de la CNPR, particularmente en lo que respecta a la distribución de los ingresos movilizados.
Este asunto plantea cuestiones cruciales sobre la transparencia y la buena gobernanza dentro de los organismos estatales. Los llamamientos a la intervención de las autoridades competentes para llevar a cabo investigaciones en profundidad revelan una voluntad de arrojar luz sobre este asunto y garantizar la buena gestión de los recursos públicos.
Es esencial que se tomen medidas para aclarar la situación y garantizar que los fondos públicos se utilicen de manera responsable y de acuerdo con las reglas establecidas. Este caso resalta la importancia de la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión de las finanzas públicas, valores esenciales para garantizar la confianza de los ciudadanos en las instituciones estatales.