Malí se enfrentó a una crisis energética agravada por una obligación importante de las deudas hacia el operador de la presa hidroeléctrica de Manantali.

La crisis energética actual en Malí, marcada por un pasivo de más de $ 94 millones para Sogem, el operador de la presa hidroeléctrica de Manantali, plantea problemas esenciales para el país y la región. Esta presa, que proporciona una parte significativa de la electricidad en Malí, así como sus vecinos como Senegal y Mauritania, se enfrenta a retrasos en el pago que comprometen su funcionamiento adecuado. En un contexto en el que la tasa de electrificación nacional ya es baja, la situación afecta no solo a las empresas, sino también a las condiciones de vida de los ciudadanos. La llegada de un gobierno militar ha despertado las expectativas de gestión de recursos, pero los recortes recurrentes de energía desafían esta legitimidad. En este contexto, se vuelve crucial reflexionar sobre las soluciones para abordar esta crisis mientras tiene en cuenta las aspiraciones de los malianos y las complejidades relacionadas con la gestión de la energía.
### La crisis energética en Malí: un tema vital para el futuro

Actualmente, Malí se enfrenta a un desafío importante en términos de suministro de electricidad, mientras que se acumulan retrasos en el pago, superiores a $ 94 millones, hacia Sogem, la entidad que administra la presa hidroeléctrica de Manantali. Esta presa, inaugurada en 2002 y con una capacidad instalada de 200 megavatios, es crucial no solo para Malí, sino también para sus vecinos, Senegal y Mauritania, que dependen del 33 % y el 15 % de la producción generada respectivamente.

### Una consecuencia económica directa

Este déficit pone en peligro la explotación continua de la infraestructura energética regional. Sogem describió la situación como una «cuestión de vida o muerte», enfatizando la importancia de respetar los pagos para evitar recortes de energía más frecuentes. Las empresas malienses ya sienten los impactos de esta crisis, con recortes de energía recurrentes que obstaculizan no solo sus operaciones, sino que también deterioran las condiciones de vida de los ciudadanos.

Las repercusiones económicas de esta crisis energética son parte de un contexto ya difícil. Con una tasa de electrificación nacional de solo 56 %, y un porcentaje aún más bajo del 31 % en áreas rurales, el acceso limitado a una fuente confiable de electricidad constituye una discapacidad significativa para el desarrollo. Esta situación tiene implicaciones mucho más amplias en la estabilidad social y política, porque los recortes de energía a menudo se perciben como un fracaso del gobierno.

#### Reacción gubernamental y percepciones públicas

La llegada de un gobierno militar en el poder después de los golpes de 2020 y 2021 dio lugar a altas expectativas sobre la gestión de los recursos y la mejora de las condiciones de vida. Sin embargo, el aumento en los recortes de electricidad ha contribuido a emparejar el apoyo público del que se beneficia este gobierno. Es crucial comprender cómo las decisiones estratégicas sobre la infraestructura pueden influir en la percepción de las autoridades a los ojos de la población.

La gestión de esta crisis energética requiere un diálogo abierto y constructivo entre los diversos interesados, que incluye el gobierno, las empresas de servicios públicos y los ciudadanos. ¿Cuáles son las medidas que el gobierno maliense podría considerar para honrar sus compromisos financieros con SOGEM mientras minimiza el impacto económico en la población?

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Podría ser sabio para el gobierno maliense explorar soluciones innovadoras para diversificar sus fuentes de financiamiento o incluso optimizar la gestión de su red eléctrica. Acelerar los proyectos de energía renovable, por ejemplo, podría ayudar a reducir la dependencia de la infraestructura externa al tiempo que mejora el acceso a la electricidad en áreas mal atendidas.

Paralelamente, el desarrollo de políticas transparentes para la gestión de los recursos y los compromisos financieros fortalecería la confianza de los socios públicos y regionales. Tal enfoque también podría alentar a la comunidad internacional a apoyar financieramente iniciativas a favor de la electrificación sostenible.

#### Conclusión

La situación de Malí frente a sus preguntas de suministro eléctrico no solo sobre las opciones de gestión actuales, sino también sobre el papel de las partes interesadas en la búsqueda de soluciones sostenibles a largo plazo. La resiliencia económica, el camino hacia la autosuficiencia energética y la mejora de las condiciones de vida de la población pasan por acciones concertadas y reflexivas. Con esto en mente, es imperativo iniciar discusiones sobre el futuro de energía del país, teniendo en cuenta las aspiraciones de sus ciudadanos.

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