En un caso reciente que sacudió a la comunidad internacional, cuatro ciudadanos nigerianos fueron condenados a penas de prisión en el Reino Unido por falsificar más de 2.000 certificados de matrimonio para facilitar la inmigración ilegal.
Los protagonistas de este caso, identificados como Abraham Alade Olarotimi Onifade (41 años), Abayomi Aderinsoye Shodipo (38 años), Nosimot Mojisola Gbadamosi (31 años) y Adekunle Kabir (54 años), fueron juzgados en el Tribunal de la Corona de Woolwich. en Londres.
Según el Ministerio del Interior del Reino Unido, este grupo formaba parte de una red delictiva organizada que, durante un período de más de dos años, desde marzo de 2019 hasta mayo de 2023, facilitó reclamaciones fraudulentas para el Sistema de Pagos de la UE.
Se dirigieron a ciudadanos nigerianos, proporcionándoles certificados de matrimonio consuetudinarios nigerianos falsos y otros documentos falsificados para ayudarles a permanecer ilegalmente en el Reino Unido.
Onifade, de Gravesend, Kent, y Shodipo, de Manchester, fueron declarados culpables de conspiración para facilitar la entrada ilegal al Reino Unido y de proporcionar documentos fraudulentos. Onifade recibió una sentencia de seis años de prisión, mientras que Shodipo fue sentenciada a cinco años.
Gbadamosi, originario de Bolton, fue declarado culpable de engaño y fraude mediante representación falsa y condenado a seis años de prisión. En cuanto a Kabir, de Londres, fue condenado a nueve meses de prisión tras ser declarado culpable de posesión de un documento de identidad con fines indebidos; fue absuelto de los cargos relacionados con la obtención del permiso de residencia mediante engaño.
Paul Moran, jefe de inmigración del Ministerio del Interior, dijo: «Seguiremos trabajando incansablemente para proteger nuestras fronteras y desmantelar los grupos criminales que explotan a personas vulnerables con fines de lucro».
Este caso pone de relieve los desafíos que enfrentan las autoridades en la lucha contra la inmigración ilegal y las redes criminales que se benefician de ella. Las consecuencias de tales prácticas se extienden más allá del fraude individual y afectan la seguridad nacional y la confianza en los sistemas de inmigración. Es crucial fortalecer los mecanismos de vigilancia y cooperación internacional para prevenir este tipo de delitos en el futuro.