En un contexto de seguridad nacional preocupante, la distribución de recursos policiales plantea preguntas legítimas sobre la priorización de las acciones de la Policía de Nigeria. El activista de derechos humanos Deji Adeyanju expresó recientemente duras críticas por el despliegue de personal policial ante el aumento del bandidaje y el terrorismo en el país.
Según Adeyanju, la presencia de sólo 13.000 agentes de policía dedicados a combatir actividades terroristas y bandidos, en comparación con los 130.000 asignados para proteger a políticos influyentes, suscita grandes preocupaciones. Esta distribución desigual de las fuerzas policiales pone de relieve prioridades cuestionables dentro del aparato de seguridad del país.
En el centro de este desequilibrio surge una observación alarmante: la protección de las elites políticas parece tener prioridad sobre la lucha contra el crimen y el terrorismo que amenazan a la población en su conjunto. Adeyanju señala con razón que demasiados agentes están ocupados sirviendo los intereses creados de unos pocos, en detrimento de la seguridad colectiva.
La imagen pintada por Adeyanju de un estafador de poca monta que se beneficia de la asistencia de varios agentes de policía en contraste con la fuerza limitada movilizada contra amenazas más graves plantea cuestiones fundamentales sobre la estrategia de seguridad del país. Esta realidad pone en duda la capacidad de las fuerzas del orden para garantizar la protección de toda la población frente a desafíos de seguridad complejos y cambiantes.
Es crucial que las autoridades revisen urgentemente la distribución de los recursos policiales y la priorización de las misiones para garantizar una seguridad efectiva para todos los ciudadanos. En un país donde las fuerzas del orden se desvían de su misión principal de servir intereses políticos estrechos, es imperativo restablecer el equilibrio y reorientar los esfuerzos en proteger a la población y combatir el crimen.
En última instancia, la crítica de Adeyanju destaca la necesidad de una reforma profunda y una reorientación de las misiones policiales para satisfacer las necesidades reales de la sociedad. Una distribución más equitativa de los recursos y una priorización sensata de las acciones de seguridad son esenciales para construir un futuro más seguro y justo para todos los nigerianos.