En el estado de Edo, persisten las tensiones políticas entre el Partido Democrático de los Pueblos (PDP) y el Congreso de Todos los Progresistas (APC), con continuas acusaciones y contraacusaciones sobre la inspección de documentos electorales. Los abogados de ambas partes se enfrentaron sobre el procedimiento, destacando profundos desacuerdos.
Por un lado, los líderes del PPD acusan a la Comisión Electoral Independiente (INEC) de confabularse con el APC para obstruir sus esfuerzos por inspeccionar los materiales. Matthew Iduoriyekemwen, del Consejo de Campaña Asue/Ogie, destacó la falta de cooperación del INEC a pesar de una orden judicial para la inspección.
Por otro lado, los abogados de APC, encabezados por Victor Ohionsumua, resaltaron en su abordaje el respeto a la orden judicial y resaltaron contradicciones en los procedimientos seguidos. Las tensiones llegaron a un punto crítico cuando el PPD intentó iniciar la inspección a través de máquinas BIVAS en lugar del registro de votantes, lo que provocó confusión y retrasó el proceso.
El presidente interino del APC, Jarrett Tenebe, ha planteado dudas sobre la inclusión del candidato del PPD en el registro de votantes, destacando las cuestiones legales y los conflictos persistentes entre los dos partidos.
A pesar de objeciones y diferencias, se llegó a un consenso para aplazar la inspección y reanudar el proceso al día siguiente. Los partidos políticos acordaron cooperar para resolver disputas y permitir una inspección exhaustiva de los documentos electorales.
La atmósfera alrededor de la oficina del INEC se volvió tensa, con partidarios de APC y PPD reuniéndose en lugares separados para evitar enfrentamientos. Se aumentó la presencia policial para mantener el orden y la seguridad, lo que simboliza las crecientes tensiones en el proceso político.
Esta saga político-legal revela las cuestiones cruciales de la transparencia y la integridad en el proceso electoral, destacando los persistentes desafíos que enfrenta la democracia en Nigeria. Los próximos pasos serán decisivos para el futuro político del estado de Edo y la confianza pública en el sistema electoral.