La situación de las familias de los agentes de policía fallecidos que esperan recibir sus salarios atrasados en la República Democrática del Congo es un testimonio conmovedor de la indiferencia y la injusticia administrativa que con demasiada frecuencia afectan a los beneficiarios de servicios públicos y sacrificios meritorios. Las familias de estos hombres y mujeres que dieron su vida para servir y proteger a la nación se encuentran hoy sumidas en la angustia y la incertidumbre, a la espera de pagos que tardan en llegar, bloqueados por procedimientos burocráticos incomprensibles.
Es impensable que a estas familias, ya desconsoladas por la pérdida de un ser querido, se les nieguen los derechos legítimos y la compensación debida por los servicios prestados. La espera de cuatro largos años para acceder a los saldos pendientes no sólo es deshonrosa para la memoria de los fallecidos, sino que también es un insulto a su dedicación y máximo sacrificio.
La intervención de las autoridades, en particular del Ministerio de Justicia y del Ministro de Justicia, Constant Mutamba, es más necesaria que nunca para poner fin a esta situación inaceptable. Estas familias merecen respeto, reconocimiento y apoyo, y es responsabilidad del gobierno garantizar que reciban el dinero que se les debe, sin más demoras ni excusas.
La lucha liderada por el abogado de las familias, el Maestro Joseph Adumanga, es loable y merece ser apoyada y amplificada. Es intolerable que viudas y huérfanos se vean privados de los recursos necesarios para su supervivencia, mientras que el dinero que supuestamente les corresponde sigue siendo inaccesible, atrapado en formalidades administrativas disuasorias y kafkianas.
Ya es hora de que se arroje luz sobre esta situación de flagrante injusticia y de que se adopten medidas concretas para corregir estas disfunciones. Los sacrificios de los policías caídos en el frente no deben ser en vano y corresponde al Estado congoleño rendirles homenaje respetando sus derechos y su memoria.
Esperemos que la movilización y la presión ejercida por las familias, sus abogados y la opinión pública contribuyan a desbloquear este punto muerto y restablecer la dignidad de los defensores de la nación, incluso después de su partida. Es hora de acción, solidaridad y justicia, para que estas familias destrozadas puedan finalmente encontrar algo de consuelo y alivio en el cumplimiento de sus legítimos derechos.