El reciente informe publicado por el Centro de Investigación en Finanzas Públicas y Desarrollo Local (CREFDL) destaca preocupantes irregularidades en las previsiones presupuestarias de la Asamblea Nacional y el Senado para el año 2025. Estas revelaciones plantean interrogantes cruciales sobre la transparencia y la gestión de los recursos públicos. dentro de las instituciones parlamentarias de la República.
El análisis revela, en primer lugar, una sobreestimación del número de diputados previstos en la Asamblea Nacional, con 513 diputados presupuestados en lugar de los 500 previstos por la ley. Este error genera gastos adicionales de alrededor de 1,5 millones de dólares al año, lo que no sólo contradice la legislación actual, sino que también constituye un desperdicio de fondos públicos.
Además, se destaca la composición pletórica de los gabinetes de la Asamblea Nacional, con una plantilla de 2.756 empleados muy por encima de los límites marcados por la normativa interna. Esta sobreabundancia de personal político provocará gastos exorbitantes e injustificados, poniendo en peligro el equilibrio presupuestario de la institución.
El CREFDL también destaca la opacidad que rodea al fondo especial de intervención de la Asamblea Nacional, alimentando sospechas sobre la gestión de estos recursos. A pesar de una ligera caída de los créditos asignados a la institución parlamentaria, esta reducción se ve empañada por irregularidades y lagunas en las previsiones presupuestarias.
Por parte del Senado, la situación no es mucho mejor: la nueva oficina prevé contratar 681 empleados adicionales, en contravención del reglamento interno. Este aumento de personal y el aumento del fondo especial de intervención plantean dudas sobre la gestión eficiente de los recursos dentro de la cámara alta del Parlamento.
Ante estos alarmantes hallazgos, el CREFDL pide al gobierno que lleve a cabo un control riguroso del número de funcionarios políticos en los gabinetes de las dos cámaras parlamentarias. Asimismo, la clarificación de las líneas presupuestarias, en particular las relativas al fondo especial de intervención, y el cumplimiento de los niveles de personal con los estándares establecidos por la normativa interna son esenciales para garantizar una gestión transparente y responsable de los fondos públicos.
En conclusión, estas revelaciones resaltan la necesidad imperativa de una reforma profunda del sistema presupuestario de las instituciones parlamentarias de la República. Transparencia, rigor y rendición de cuentas deben ser las palabras claves en la gestión de los recursos públicos, para garantizar el uso adecuado de los fondos y fortalecer la confianza de los ciudadanos en sus representantes.