La propuesta de reforma tributaria presentada por el presidente Bola Ahmed Tinubu, titulada “Una ley para derogar ciertas leyes tributarias y consolidar marcos legales relacionados con la tributación”, ha provocado recientemente un acalorado debate en Nigeria. Esta iniciativa, presentada a la Asamblea Nacional, tiene como objetivo redefinir el panorama fiscal de Nigeria mediante la implementación de regulaciones integrales que rijan los impuestos sobre la renta, las transacciones y los instrumentos.
El objetivo de esta propuesta es simplificar y agilizar las obligaciones tributarias en el país, con reformas como un aumento gradual del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 7,5% al 10% en 2025, potencialmente llegando al 15% en 2030. Además, la ley propone un impuesto corporativo del 27,5% para las grandes empresas, un impuesto al desarrollo e impuestos especiales sobre los ingresos de las telecomunicaciones y los juegos.
A pesar de las intenciones declaradas por el gobierno a favor de esta reforma, varias organizaciones de la sociedad civil y líderes del norte han expresado preocupaciones, advirtiendo sobre consecuencias potencialmente dañinas para la estabilidad económica regional. Estas oposiciones ponen de relieve el riesgo de pérdidas para las regiones y ponen en duda la equidad de las propuestas.
El Dr. Vincent Ntui, director general de la Sala de Situación, destacó la necesidad de un diálogo profundo entre las partes interesadas involucradas para evaluar los impactos de esta reforma fiscal. Destacó la importancia de una participación transparente e inclusiva en el proceso de toma de decisiones, así como el establecimiento de un documento de trabajo de la sociedad civil para tener en cuenta las diversas preocupaciones.
En respuesta a las críticas, el Asesor Especial del Presidente sobre Información y Estrategia, Bayo Onanuga, defendió la ley, diciendo que tiene como objetivo simplificar el sistema tributario eliminando la doble imposición y racionalizando las obligaciones tributarias, en interés de las empresas y los individuos de todo el país.
En este contexto de controversias y cuestionamientos, es crucial que todas las partes interesadas participen activamente en el debate sobre esta importante reforma tributaria, con el fin de garantizar que los intereses nacionales y regionales se tengan en cuenta de manera equilibrada y equitativa.