El gobierno español anunció recientemente una medida audaz que permitirá que alrededor de 300.000 inmigrantes que viven ilegalmente en el país reciban permisos de residencia y trabajo cada año durante los próximos tres años. La política entrará en vigor el próximo mes de mayo y tiene como objetivo fortalecer la población activa que envejece en España. Mientras muchos países europeos buscan reforzar sus fronteras y limitar la entrada de inmigrantes ilegales y solicitantes de asilo, España ha mantenido una política relativamente abierta hacia los inmigrantes.
Según la ministra de Migraciones, Elma Saiz, España necesita alrededor de 250.000 trabajadores extranjeros registrados al año para mantener su estado de bienestar. Destacó en entrevista que la política de regularización no es sólo para «la riqueza cultural y el respeto a los derechos humanos, también es para la prosperidad».
El primer ministro español, Pedro Sánchez, ha presentado a menudo las políticas migratorias de su gobierno como una forma de combatir la baja tasa de natalidad del país. Esta nueva política aprobada por el gobierno de coalición de izquierda de Sánchez simplifica los procedimientos administrativos para visas de corto y largo plazo y garantiza a los inmigrantes protecciones laborales adicionales. Extiende una visa previamente ofrecida a quienes buscan empleo de tres meses a un año.
En agosto, Sánchez visitó tres países de África occidental para tratar de abordar el problema de la migración irregular a las Islas Canarias de España. Estos son a menudo vistos como una puerta de entrada a Europa continental por jóvenes de Malí, Senegal, Mauritania y otros países, que emprenden peligrosas travesías marítimas en busca de mejores oportunidades de empleo en el extranjero o para escapar de la violencia y la inestabilidad política en casa.
Los retos de la migración en España no se limitan a quienes llegan por mar o por tierra. Muchos inmigrantes indocumentados se ganan la vida en la economía sumergida de España como recolectores de fruta, ayudantes a domicilio, conductores de reparto o en otros trabajos esenciales, pero a menudo mal pagados, descuidados por los españoles.
Sin protección legal, pueden ser vulnerables a la explotación y el abuso. Saiz destacó que la nueva política ayudará a prevenir este tipo de abusos y «luchar contra las mafias, el fraude y las violaciones de derechos».
La economía española se encuentra este año entre las más dinámicas de la Unión Europea, gracias en parte a una fuerte recuperación del turismo tras la pandemia. En 2023, España expidió 1,3 millones de visados a extranjeros.
Esta decisión de España supone un paso importante en su política migratoria y muestra su compromiso con la integración de los inmigrantes en la sociedad y el mercado laboral. Esto también podría servir como ejemplo para otros países europeos que enfrentan desafíos migratorios similares.