En un caso de gran importancia política y jurídica, el vicepresidente de Kenia acusado, Rigathi Gachagua, presentó una demanda ante el Tribunal de Apelaciones el lunes 28 de octubre, en un intento por detener el proceso de impeachment en curso ante el Tribunal Superior. Gachagua sostiene que los recientes fallos del tribunal superior fueron cuestionables y ha planteado objeciones a la legitimidad del tribunal de tres jueces que maneja su caso.
El equipo jurídico de Gachagua, encabezado por el abogado John Njomo, sostiene que la vicepresidenta Philomena Mwilu se excedió en sus prerrogativas al nombrar a los tres jueces -los magistrados Eric Ogola, Anthony Mrima y Frida Mugambi- sin la aprobación de la presidenta del Tribunal Supremo, Martha Koome.
Según Njomo, sólo el Presidente del Tribunal Supremo tiene la autoridad constitucional para nombrar jueces, según lo previsto en los artículos 25, 27, 47, 48, 50 (1) y 260 de la Constitución de Kenia. La petición de Gachagua alega que el nombramiento del tribunal violó el artículo 165 (4) de la Constitución y constituyó un error en la interpretación de la ley.
Sin embargo, la semana pasada el tribunal de tres jueces confirmó la legitimidad de las acciones de Mwilu, y el juez Mrima dijo que el vicepresidente podría ejercer temporalmente las funciones administrativas del presidente del Tribunal Supremo si fuera necesario. “El papel del Presidente de la Corte Suprema en el nombramiento de jueces, como función administrativa, puede ser ejercido por el Vicepresidente de la Corte Suprema si el Presidente de la Corte Suprema no puede hacerlo”, señaló el magistrado. Mríma.
Gachagua ahora insta al Tribunal de Apelaciones a emitir una orden judicial para detener los procedimientos del Tribunal Superior hasta que se escuche su apelación. Este asunto sigue alimentando el debate y despierta el interés de todos los observadores políticos y jurídicos de Kenia. La batalla legal iniciada por Gachagua plantea cuestiones cruciales sobre la separación de poderes y la interpretación de la Constitución del país. Esperemos ver cómo se desarrolla esta saga política y qué impacto tendrá en el panorama legal de Kenia.