El sector de la educación privada en el sur de África está actualmente en el punto de mira debido a las recientes incertidumbres que rodean a Educar Holdings, el mayor proveedor de educación privada de la región. Propietario de los prestigiosos colegios Damelin, CityVarsity, Icesa City Campus y Lyceum, el futuro de esta institución genera preocupación entre su personal y estudiantes.
El pasado mes de agosto, el Ministro de Educación Superior y Formación, Nobuhle Nkabane, restableció provisionalmente el registro de Educor Holdings, disipando los temores sobre el actual año académico. Esto se produjo tras la cancelación del registro de los establecimientos Educar anunciada en marzo anterior por el ex Ministro de Educación, Blade Nzimande. Los motivos aducidos fueron violaciones de la ley de educación superior y la falta de documentos financieros que demuestren la viabilidad financiera de las instituciones para los años 2021 y 2022.
También se informaron quejas públicas sobre el retraso en el pago de los salarios del personal y la falta de profesionalismo, lo que puso de relieve los principales desafíos a los que se enfrentaba la empresa.
Mientras tanto, la división de bienes raíces de Educor, Educor Property Holdings, se enfrenta a 10 solicitudes de liquidación relacionadas con préstamos tomados de Nedbank y presentados ante el Tribunal Superior de Durban. El Fondo de Inversión Pública (PIC) tiene una participación del 42% en la empresa tras una inversión de 755 millones de rands en 2015.
A pesar del restablecimiento provisional del registro por razones «humanitarias», los retrasos en el pago de los salarios del personal son motivo de grave preocupación. Algunos empleados que no recibieron pago durante los meses de agosto, septiembre y octubre han presentado denuncias ante la Comisión de Conciliación, Mediación y Arbitraje (CCMA).
Una profesora que trabaja en City Varsity en Ciudad del Cabo compartió su experiencia y lamentó el aumento de las presiones financieras sobre su familia debido al impago de salarios. Esta situación afecta no sólo al personal sino también a los estudiantes, que se ven inseguros sobre la continuación de sus estudios.
La falta de claridad sobre la finalización del año académico plantea preguntas cruciales sobre el futuro de los estudios de los estudiantes. En un contexto en el que la confianza de los estudiantes ya se ha visto sacudida por el anuncio de la baja en marzo, la situación actual añade una presión adicional.
Las repercusiones económicas para las familias y los estudiantes podrían ser considerables en caso de una interrupción temporal o permanente de las clases. Los retrasos podrían retrasar la calificación de algunos estudiantes, mientras que otros podrían verse obligados a reiniciar su trayectoria académica desde el principio..
A pesar de las iniciativas propuestas por el personal y la dirección para mejorar el reclutamiento de estudiantes y la estructura de tarifas, la implementación de estas ideas sigue en el aire. También surgen dudas sobre la supervisión ejercida por el PIC como importante inversionista en Educor.
A falta de comentarios de Educar Holdings y las autoridades pertinentes, persisten dudas en torno al futuro de la educación privada en el sur de África. Docentes, estudiantes y familias siguen esperando aclaraciones esenciales para garantizar la estabilidad de la educación superior en la región.