La Asociación Africana de Derechos Humanos (ASADHO) en Maniema advirtió recientemente sobre una situación preocupante relacionada con el impuesto sobre el Certificado de Inspección Técnica Obligatoria (CCTO). Según esta organización ciudadana, este impuesto es percibido como una forma de fraude debido a la ausencia de estructuras adecuadas para realizar esta inspección técnica en la región.
El presidente de ASADHO/Maniema, Yango Katchelewa, destacó el carácter abusivo de este impuesto, denunciando la falta de transparencia y equidad en su aplicación. Señaló a la Dirección General de Ingresos de Maniema (DGRMA) por intentar defraudar a los ciudadanos imponiendo un impuesto cuyos servicios asociados no están disponibles localmente.
En aras de la justicia y la equidad, ASADHO expresó su oposición a la recaudación de este impuesto, pidiendo una revisión de la política tributaria vigente. Yango Katchelewa destacó la inconsistencia de la situación y destacó que la provincia de Maniema no ha creado las infraestructuras necesarias para permitir a los conductores cumplir con esta obligación de control técnico.
ASADHO también advirtió contra una posible campaña de recaudación forzosa de este impuesto por parte de la DGRMA, indicando que cualquier intento de imposición arbitraria sería impugnado legalmente. La exigencia implícita es sobre todo garantizar servicios públicos accesibles y eficientes antes de exigir contribuciones financieras a los ciudadanos.
Al hacer un llamamiento a la sensibilización de las autoridades locales, ASADHO quiere que las políticas fiscales se desarrollen de manera responsable y equitativa, respetando los derechos de los ciudadanos. Este caso plantea cuestiones críticas sobre la gobernanza y la transparencia de las instituciones públicas, lo que requiere una cuidadosa consideración de las prioridades y los mecanismos de financiación a nivel local.
En última instancia, ASADHO se posiciona como un organismo de control de la buena gobernanza y los derechos de los ciudadanos, defendiendo un enfoque justo y equitativo en materia de impuestos locales. La supresión del impuesto a la CCTO representa, por tanto, una cuestión crucial para el acceso de la población a servicios públicos de calidad y para la lucha contra la corrupción y el abuso de poder.