** Los desafíos de la detención previa en África: un llamado a la reforma **
En un contexto en el que la búsqueda de la justicia a menudo se enfrenta a la burocracia y los sistemas judiciales disfuncionales, la detención previa prolongada en Eswatini y Malawie despiertan preocupaciones cada vez mayores. Estas situaciones ilustran no solo las posibles violaciones de los derechos humanos, sino que también plantean preguntas fundamentales sobre la efectividad e integridad de los sistemas judiciales en estos países.
### Una pintura inquietante
Las figuras hablan por sí mismas. En África, la tasa de detención previa se estima en un 36 %, excediendo el promedio global del 29 %. Cada estado numérico testifica a una realidad humana compleja. Las historias individuales de personas en detención preventiva durante años revelan la urgencia de abordar este problema. Por ejemplo, un hombre en Eswatini, acusado de delitos graves, está tras las rejas desde 2019 sin haber sido presentado a un juez.
Del mismo modo, el caso de Mpandlana Shongwe, un activista político cuyo arresto se remonta a 2009, ilustra la iniquidad que puede existir dentro del sistema judicial. Estas situaciones destacan un fenómeno alarmante: el uso de la detención previa como medio de castigo, en lugar de una herramienta legal necesaria.
## Implicaciones legales
Los derechos a un juicio rápido y justo, según lo estipulado por la Carta Africana de los Derechos de los Humanos y los Pueblos, a menudo se pisotean. Los artículos 6 y 7 (d) de esta carta reclaman el derecho a un juicio dentro de los plazos razonables. Sin embargo, muchos países como Eswatini y Malawi muestran confusión entre la detención preventiva legítima y una forma sistémica de detención punitiva.
En el contexto de Malawite, casos como el de Wyson Bannet Big, que esperó 14 años para ser condenados después del arresto, subrayan la necesidad urgente de volver a examinar los procedimientos legales en su lugar. Estos plazos no son solo obstáculos burocráticos, sino que reflejan un profundo desequilibrio en el acceso a la justicia.
### Una reforma necesaria
La situación actual llama no solo para reconocer el problema, sino también a una acción concreta. Las autoridades deben tomar medidas para garantizar que el derecho a una prueba rápida se esté convirtiendo en una realidad para todos. En Eswatini, la creación de un organismo de vigilancia independiente para los servicios correccionales podría mejorar considerablemente la gestión de la detención previa. Este organismo, compuesto por miembros de varios sectores, sería responsable de monitorear las condiciones de detención, investigar cualquier abuso y formular recomendaciones a las autoridades judiciales.
En Malawi, la reciente aprobación de la Ley de Prisiones de 2025 es un paso positivo. Esta legislación tiene como objetivo alinear la gestión de las prisiones en los estándares internacionales de los derechos humanos, pero su éxito dependerá de la implementación efectiva de las medidas de supervisión, así como el apoyo financiero adecuado.
### La voz de los ciudadanos
Es esencial contratar ciudadanos, defensores de los derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil en este diálogo sobre la reforma necesaria. La percepción de la justicia como privilegio reservada para una élite debe ser reemplazada por una visión donde se considera un derecho fundamental para todos. Los testimonios de los individuos, gloriosos o trágicos, deben guiar esta discusión, ya sea que se soporte el sufrimiento debido a la detención o expectativas de aquellos que aspiran a un sistema judicial justo.
### Conclusión
Los desafíos que enfrentan los sistemas judiciales en Eswatini y Malawie son sintomáticos de una crisis más grande que afecta a muchos países africanos. La necesidad de reformas es indiscutible, pero tendrán que dar como resultado acciones concretas y medibles. Al reemplazar los derechos humanos en el corazón de la práctica judicial e insistir en la ética y la integridad, estos países pueden progresar hacia un futuro donde la justicia no es solo una promesa, sino una realidad tangible. Cada voz cuenta en esta lucha por la equidad y la dignidad colectiva, y depende de todos los actores preocupados por comprometerse a hacer cumplir los principios fundamentales que deberían gobernar nuestras sociedades.